Una deuda incómoda, tres joyas en el mercado inmobiliario y coletazos del affaire Damfield

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Funes no escapa a la realidad de muchos municipios santafesinos y le llegó la hora de negociar su deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones: $347 millones. Dos planes de pago sobre la mesa, uno pica en punta. ¿La decisión? Del alcalde Roly Santacroce: el Concejo lo autorizó a firmar antes de entrar en receso. Además, dos tapados pueden competirle a Pecam por el Obrador; tres joyas salen al mercado inmobiliario; la paralización de dos barrios cerrados ya afecta otras inversiones; y el Aeropuerto avanza en el sueño de la terminal de cargas.

Pase, siéntese, lea y tómese Un Café por Funes:

Deuda previsional: ¿Ahora 24 o Ahora 36?

Hace unas semanas, el intendente Roly Santacroce inició un raid mediático anunciando que se venía una época de vacas flacas en la municipalidad de Funes. El alcalde se quejó de la alta morosidad en el pago de la TGI frente a todos los micrófonos que se le cruzaron y luego encabezó una reunión de gabinete bastante tensa en la que anunció a sus funcionarios los recortes que se venían en la gestión. Un Café se adentró en los detalles del ajuste algunas entregas atrás y reparó en un número que fue un detonante: el valor de la masa salarial mensual pasó de $600 millones a casi $1000 millones.

No es el único problema financiero con el que se enfrenta la gestión. El alcalde tuvo que recurrir al Concejo municipal para que lo autorice a suscribir un plan de pagos con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, por el monto adeudado en concepto de aportes que se le descontaron a los empleados municipales en los recibos de sueldo y no se transfirieron a la Caja y las contribuciones que el propio Municipio debía hacer y no hizo. 

Todo comenzó en febrero, cuando la Caja de Jubilaciones y Pensiones le envió al Municipio una intimación -la última gestión antes de pasar al plano judicial, avisaron-. El monto reclamado era de algo más de $260 millones -calculado en enero- y correspondía al período 2022-2023. A partir de allí, el Ejecutivo comenzó una negociación para acordar un plan de pagos que se estiró hasta estos días pero que está cerca de concretarse. Esa es la razón por la que el Concejo tuvo que autorizar al alcalde a firmar ese plan de pagos antes de entrar en receso.

La última determinación de deuda, necesaria para definir el monto a financiar, fue en marzo. Acusó una deuda de $347 millones sumando capital -$289 millones- e intereses por la mora -$58 millones-. La Caja ofreció dos planes de pago: uno de 24 cuotas mensuales en el que al monto adeudado se le sumarían unos $93 millones por intereses de financiación -resultaría en cuotas de $18 millones-; y otro de 36 cuotas mensuales, con $143 millones de interés y cuotas de unos $13.5 millones. 

Si bien el convenio aún no se firmó, surge de documentos internos de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Contaduría General la recomendación de optar por el plan de 36 cuotas. ¿El motivo? Es la que “menos impacta financieramente a los recursos mensuales que se perciben en concepto de coparticipación que tan necesarios son para las arcas municipales”. Sucede que las cuotas se descontarán directamente de los desembolsos por coparticipación que la Provincia le hace al Municipio, que se verán disminuidos por el pago de esta deuda en los próximos dos o tres años.

En esta área, Funes no es un bicho raro, sino que engrosa la larga lista de localidades deudoras de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, una realidad más común de lo deseable en la provincia. Sanear el déficit en ese organismo es uno de los objetivos que se trazó la gestión de Maximiliano Pullaro al asumir. Por eso, no solo comenzaron a intimar municipios, sino que también reforzaron los reclamos al gobierno nacional -obligado a hacer desembolsos en este ámbito- y hasta se creó una comisión legislativa para reformar la ley previsional y hacerla más eficiente.

La competencia por el Obrador

En la última edición de esta columna contamos que la apertura de sobres de la licitación para la venta del Obrador se había aplazado. Si bien se esperaba que el acto tenga lugar el viernes 10 de julio, la municipalidad lo postergó para el 24 de julio, según trascendió, a pedido de una de las empresas interesadas. El motivo, explicaron fuentes al tanto, es que el tiempo entre el llamado a licitación y la apertura de sobres quedó corto para que quienes ven atractivo invertir diseñen un proyecto económicamente viable y cumplan con los requisitos exigidos.

La constructora Pecam es la única que dejó saber públicamente su intención de realizar una oferta. En 2020, la empresa ya había presentado un proyecto para el predio de Yrigoyen y Av. Illia que nunca se concretó y ahora vuelve a la carga, con la experiencia ganada en estos años en el desarrollo “Mío” de Granadero Baigorria como activo. Sin embargo, no es la única: una garganta municipal reveló que otras dos constructoras compraron el pliego, requisito indispensable para presentar la oferta.

Tres joyas atraen al mercado inmobiliario

En línea con las noticias inmobiliarias, tres icónicas casas céntricas se pusieron a la venta en las últimas semanas. Una de ellas es la que fue durante años la sede del Colegio Joan Miró. La institución educativa se mudó a Funes City y liberó el predio ubicado en Catamarca al 1800. Como contó InfoFunes, la inmobiliaria Amisa publicó el terreno de 11 mil metros cuadrados y anunció su precio: US$3 millones.

No es la única. A pocas cuadras, sobre Ruta 9 entre Bv. Mitre y Catamarca, otra imponente propiedad salió al mercado: se trata de la casa ubicada al lado del centro comercial Tierra Chica. La publicó la inmobiliaria MA Propiedades, firma que reveló el interés de que el terreno de 4700 metros cuadrados se destine a algún tipo de desarrollo inmobiliario -puede construirse hasta dos pisos en esa zona, aunque hay rumores de modificación de los índices de construcción en altura-. Si bien no se informó oficialmente el precio, en el mercado se habla de un número algo superior a US$1 millón.

Por último, la que también ingresó al mercado es la casona ubicada en la manzana rodeada por la Ruta 9, Irigoyen, Moreno y Sargento Cabral. El predio consta de al menos tres cascos y una pileta, aunque por su ubicación no sería extraño que ya esté en la mira de alguno de los desarrolladores más conocidos de la ciudad para algún tipo de emprendimiento inmobiliario. ¿El precio? Algo más de US$3 millones.

Coletazos del affaire Damfield

La noticia que sacudió al mercado la semana pasada fue la paralización de las obras en los barrios cerrados Damfield y La Reserva, ordenada por el gobernador Pullaro y su gabinete a causa de que ninguno de los emprendimientos tenía aún la factibilidad hídrica y la evaluación de impacto ambiental aprobada. Si bien ambos procesos administrativos siguen adelante y aún no hay novedades de cuál será el final, la medida del gobierno santafesino ya empezó a repercutir en el resto de las inversiones de la ciudad. 

Es el caso del club de campo que se planifica al norte de la ciudad, detrás del Kentucky. Las dos constructoras que estarán a cargo del desarrollo -Obring y Edeca- avisaron que no moverán ni una pala hasta no tener todos los trámites terminados en el gobierno provincial, incluso arriesgándose a una espera amansadora causada por la demora a la que ya se acostumbraron todos los desarrolladores de la zona. Mejor prevenir que curar.

Aeropuerto, a la carga

La última del domingo viene por el aire y se refiere al avance en el proyecto de la terminal de cargas. El Ministerio de Desarrollo Productivo contrató una consultora y le encomendó el estudio de tráfico y fuga de carga necesario para diseñar el proyecto. El trabajo investigará qué tipo de mercadería podría transportarse desde el aeropuerto, por dónde está siendo despachada hoy por hoy y si la cantidad justifica la obra que se pretende hacer. 

No es el único consultor trabajando en el aeropuerto: también se lo vió a Gustavo Lipovich, exdirector del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y exvicepresidente de Aerolíneas Argentinas, quien está asesorando con el plan estratégico y el plan de uso del suelo en la terminal aérea.

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