El gobernador Pullaro ordenó paralizar las obras en dos barrios cerrados de la ciudad

El gobernador Maximiliano Pullaro y todo su gabinete firmaron esta mañana sendos decretos por los que ordenan paralizar las obras en los desarrollos inmobiliarios Estancia Damfield y otro desarrollo al sur, ambos ubicados sobre la ruta 34S al sur de la Autopista Rosario-Córdoba. El gobierno provincial señala que en ambos casos se iniciaron trabajos sin tener la aprobación de los estudios de impacto ambiental ni de factibilidad hídrica. En el caso de Damfield, además, enumera críticas a la gestión anterior de Omar Perotti.

El decreto firmado por Pullaro se basa en un informe de la Secretaría de Recursos Hídricos que apunta a “una serie de irregularidades que, de no ser atendidas, podrían ocasionar daños” en el marco de “la gran cantidad de emprendimientos con distintos grados de avance de obra que no poseen las aprobaciones correspondientes”. Sobre Damfield, el informe señala que “además de obras sin autorización, presenta en los expedientes tramitados de su referencia, omisiones, errores y/o profundo desconocimiento de la normativa vinculada con la temática hídrica”.

El informe insiste en que el expediente de Damfield -un desarrollo de unas 200 hectáreas- “presenta irregularidades” y que “la documentación presentada no cumple con los requisitos exigidos” desde su comienzo. Relata que, a pesar de eso, durante la gestión anterior se le otorgó un certificado parcial “que no implicaba autorización para el inicio de obras”, pero que sin embargo se comenzaron y que, por eso, se los intimó a paralizarlas dos veces, en septiembre y octubre de 2022.

Según lo relatado en los fundamentos del decreto, Damfield nunca completó la documentación exigida para obtener la autorización formal de comienzo de las obras, sino que realizó avances parciales, muchos de ellos aprobados por la gestión anterior provincial “a pesar de no tener los requisitos cumplimentados”. Además, en abril de 2023 presentó una ampliación de la solicitud de factibilidad hídrica que también obtuvo una autorización provisoria -que no implicaba autorización para el inicio de obras- a pesar de tener contar con “más irregularidades” que la primera solicitud.

Con este escenario, en febrero de este año el Ministerio de Ambiente encabezó una inspección donde constató que las obras se habían iniciado y nunca se habían detenido -a pesar de que faltaba la evaluación de impacto ambiental- e intimaron a Damfield a paralizar los trabajos. Un mes después, una nueva inspección certificó que la intimación no había sido cumplida y los trabajos continuaban, por lo que se procedió a iniciar un expediente sancionador.

Vale recordar que Estancia Damfield tiene una prefactibilidad otorgada por el Concejo de Funes. En ese sentido, el informe también critica su accionar: dice que la ordenanza se sancionó “pese a la existencia de normativa provincial y municipal que declara zona de interés público y de preservación y cuidado”.

No son las únicas irregularidades que el informe en el que se basa el decreto señala. Entre otras, enumera “consideraciones técnicas que hacen inviables los proyectos presentados”, señala anomalías que “ponen de manifiesto la necesidad de realizar un estudio de la situación dominial del inmueble” e identifica “potenciales daños ambientales” provocados por las obras sin autorización que “tienen la capacidad de generar una degradación irreversible del entorno” ya que “modifican sustancialmente la topografía del terreno natural”.

Dado el desarrollo del informe, en el articulado el gobierno provincial no solo ordena paralizar las obras, sino que también solicita a los ministerios de Ambiente, de Obras Públicas y de Desarrollo Productivo que revisen “los actos administrativos que pudieran resultar ilegítimos por haberse dictado en contradicción a la normativa aplicable” relacionados a Damfield. Es decir, apunta contra la gestión anterior de Omar Perotti por las aprobaciones parciales que se dieron al emprendimiento sin que se cumpla con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

En el caso de La Reserva -que no cuenta con la prefactibilidad otorgada por el Concejo ni tampoco tenía trámites iniciados en la Provincia-, el decreto da cuenta de una inspección del Ministerio de Ambiente realizada en agosto de 2023 en la que se verificaron obras no informadas ni autorizadas por el gobierno provincial. Dado que no había estudio de impacto ambiental presentado o aprobado, el Ministerio ordenó iniciar un trámite sancionatorio.

En ese marco, una nueva constatación realizada hace quince días certificó que los trabajos habían continuado, que el proyecto se desarrollaba lindante a “dos canales históricos” y cercano a la reserva San Jorge -una área de preservación cercana al Arroyo Ludueña-. Además, señalaba que habían existido movimientos de suelo y excavaciones, habiendo agua en los sectores excavados. Ante esa situación, el Ministerio informó que existía un impedimento legal de continuar los trabajos -por no tener estudio de impacto ambiental- y pidió que se suspendieran inmediatamente.

En virtud de la ubicación -lindera a Damfield- y características de la Reserva, la Secretaria de Asuntos Hídricos igualó sus consecuencias vinculadas al daño ambiental y licuación de suelo a las que podría provocar Estancia Damfield, por lo que también se apalanca en el informe que confeccionó con respecto a ese emprendimiento.

En ese trabajo, Asuntos Hídricos explicó que “la Cuenca de Aporte del Sistema del Arroyo Ludueña, no se trata solamente de una zona con amenaza de inundación, sino que se trata de un territorio afectado a un embalse, destinado al almacenamiento temporario y lento drenaje para atenuación de las crecidas, afectado explícitamente para que se inunde y donde los procesos hidroambientales son mucho más complejos”.

En el articulado del decreto, el gobierno provincial ordena también paralizar las obras realizadas “sin autorización y en contravención con la normativa aplicable” en La Reserva e instruye a Fiscalía de Estado a “evaluar la pertinencia de iniciar las acciones judiciales que correspondan”, incluso de índole penal para el caso en el que se considere “la posible comisión de delitos”.

Finalmente, en sendos documentos firmados por Pullaro y todo el gabinete, se ordena comunicarle la decisión a la Municipalidad de Funes. Además, también se solicita notificar al Ente de Coordinación Metropolitana y a las ciudades de Rosario, Perez, Granadero Baigorria, Capitán Bermudez, Fray Luis Beltrán, Roldán, Ibarlucea, Zavalla, Luis Palacios, Pujato y Ricardone, todas ubicadas dentro de la cuenca del Arroyo Ludueña

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