Los nombres de Javier Milei en Funes, licitación problemática y aguas que bajan turbias

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La tropa del presidente Javier Milei está cerca de obtener la oficialización de su partido provincial y ya piensan en candidaturas para el año que viene: quiénes son los dos nombres que suenan en Funes. Además, la Muni pidió aumentar la cotización de los cul de sac de Galindo mientras empiezan a sonar quejas de los vecinos; tambores de guerra entre Roly Santacroce y el directorio de Aguas Santafesinas; y las razones de un veto que tornó en vana una pelea en el Concejo.

Pase, siéntese, lea y tómese Un Café por Funes: 

La baraja de La Libertad Avanza

A seis meses de que cierren las listas para las elecciones del próximo año, en donde se renovarán tres bancas del Concejo Municipal, la maquinaria electoral empieza a moverse y, lentamente, comienzan a asomar los posibles nombres que competirán en Funes. Con su trámite de inscripción como partido provincial ya casi terminado, los comicios que se avecinan marcarán el debut oficial de La Libertad Avanza en la arena electoral funense. 

No es un dato menor. Javier Milei no apadrinó a ningún candidato ni dejó que nadie use su nombre o insignias en las elecciones municipales y provinciales del 2023, por lo que la única referencia de la performance que puede tener su tropa en la ciudad es la la del propio Presidente: en Funes, Milei ganó en las primarias, en las generales y en el ballotage. En el mano a mano con Sergio Massa durante la segunda vuelta, el libertario directamente arrasó y cosechó más del 70% de los votos.

Desde el laboratorio libertario revelaron a Un Café que existe la posibilidad de que habiliten internas. No tanto porque haya liderazgos que dirimir, sino que se imponen razones estratégicas: como buscan candidatos nuevos, alejados de la política, es lógico que se trate de nombres con bajo nivel de conocimiento entre los funenses. Una interna es una manera de hacer más atractiva la oferta electoral de La Libertad Avanza en las PASO. Para las generales, el plan cambia: en la tribu del Presidente confían en que la fuerza del sello traccione a quien gane la interna.

Dos son los nombres que asoman como posibles candidatos. “Aunque hasta febrero o marzo no habrá definiciones y si quieren ser candidatos, se lo tendrán que ganar”, aclaran en LLA. Uno es Jerónimo Gianello, impulsado por el armador Alfredo Garello. La apuesta de Gianello, quien ya fue candidato a concejal y tiene nexos con funcionarios de Roly Santacroce, es explotar su juventud y su similitud social con la mayoría de los jóvenes que viven en la ciudad.  

El otro posible postulante es el estilista Marcelo Ponzio. Su nombre surgió a partir de las pistas que fue revelando su operador Martín “Vikingo” Tomassini en varios encuentros con otras figuras funenses de La Libertad Avanza. A su favor, Tomassini ostenta una indudable cercanía a la jefa libertaria de Santa Fe, la diputada Romina Diez. De hecho, fue ella quien intentó nombrarlo como coordinador de Políticas Sociales del PAMI, lo que fracasó dada la polémica que despertó su pasado: fue stripper. Cuando bajó la espuma, Tomassini asumió al frente de la UDAI Rosario Norte de Anses.

La trama detrás de la venta de los cul de sac de Galindo

En la última entrega de Un Café contamos que el Municipio ultimaba detalles para el lanzamiento de la licitación en la que se pondrán en venta los cul de sac de calle Galindo, entre Houssay y Fuerza Aérea. Se trata de seis calles que quedaron sin salida (de ahí su traducción, callejón sin salida) hace más de dos décadas, cuando se construyó San Marino, el primer barrio cerrado del complejo Funes Hills.

Si bien el Concejo aprobó que se vendan los seis terrenos en hace una década, no hubo novedades hasta principios de este año, cuando el Legislativo -a pedido del Ejecutivo- aprobó una ordenanza en la que actualizó el valor tras los diez años de demora: US$120 el metro cuadrado fue el precio que le pusieron los concejales. Tratándose de predios de entre 650m2 y 700m2, los seis cul de sac costarían entre US$78 mil y US$84 mil cada uno. 

La novedad es que esta semana, el Municipio envió al Concejo un proyecto para actualizar otra vez ese valor. Como no se pudo convocar a la junta de valuación -según explica el proyecto, porque la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario nunca nombró a su representante-, la Muni solicitó una cotización a cuatro inmobiliarias de la ciudad. El valor que surgió de ese trabajo es casi el doble: US$200 el metro cuadrado, que fue el número que el Municipio pidió al Legislativo que valide. Por lo tanto, los terrenos cotizarán entre US$130 mil y US$140 mil. 

Otra de las novedades que surgen del mensaje del Ejecutivo es que uno de los cul de sac, el de calle Aráoz, quedará desafectado de la licitación y tendrá un trámite aparte. El motivo es que ese terreno ya está ocupado hace dos décadas -en virtud de viejas resoluciones municipales- y el ocupante ya manifestó su voluntad de comprarlo. Quedan, entonces, cinco lotes para licitar. 

Un detalle es el modo en el que se dará la licitación. La ordenanza marco le otorga prioridad para la compra a los vecinos linderos de los lotes, por lo que primero habrá una etapa de recepción de ofertas exclusiva para los vecinos colindantes. Incluso, se establece que ambos linderos puedan ofertar juntos y quedarse cada uno con una mitad, posibilidad vedada para el caso de que solo uno quiera ofertar por la mitad. Si ambos vecinos colindantes ofertan por la totalidad del terreno, se solicitará una mejora de oferta. Una vez terminado este paso, se abrirá la licitación al público general.

El problema es que los colindantes ya fueron al Municipio -e irán esta semana al Concejo- a plantear su negativa a que se vendan esos terrenos, como pasó en las dos oportunidades anteriores en las que se quisieron liquidar. El argumento es que ellos, al comprar sus lotes años atrás, pagaron en el precio el costo implícito de comprar una esquina. Creen que no corresponde que el Municipio ahora les saque ese privilegio por el que abonaron un mayor precio solo porque se permitió que se anule la calle y no se los consultó ni se los resarció.

Las canillas de la discordia

La que no viene para nada bien es la relación entre Aguas Santafesinas y el gobierno de Roly Santacroce. El conflicto comenzó por la intención de la empresa de anular conexiones clandestinas a la red de agua potable que abastecen a gran parte de los lotes de Villa Tomás de la Torre. Según indican desde la empresa, son esas conexiones -que existen hace veinte años- las que impiden que se brinde un servicio acorde en las zonas de la ciudad donde existen acoplamientos regularizados, tanto en Funes como en Fisherton oeste. Los vecinos, lógicamente, estallaron.

Desde la empresa se muestran inflexibles con la decisión -de hecho, en la zona de salones de fiestas y concesionarias frente a Villa Golf ya cortaron- y avisan que el problema tendrá una solución cuando se termine la obra del Acueducto Gran Rosario, cuya finalización se estima en unos veinte meses. En ese momento, dicen, la cantidad de agua potabilizada se elevará y así se podrá reactivar, de manera regular, las conexiones hoy clandestinas.

El problema se da en el mientras tanto. ASSA sostiene que la solución -que va desde construir una planta de ósmosis inversa hasta poner un tanque de agua- la tiene que brindar el Municipio, ya que se trata de una zona que la empresa provincial nunca tuvo a su cargo. En el Ejecutivo sostienen lo contrario y dicen que algunas de las soluciones planteadas, como la planta de ósmosis inversa, son impracticables. De fondo, asoma la disputa política entre Roly Santacroce y el gobierno provincial. 

Hay hechos que no ayudan: la empresa provincial construyó dos canillas públicas en Yatay y Los Olmos Bis, dicen, a pedido del Municipio. Las canillas aparecieron rotas el último jueves por la mañana. En ASSA sospecharon de una acción intencionada, por lo que existió una conversación entre la presidenta de su directorio, Anahí Rodríguez, y el propio Santacroce. La conversación no fue en buenos términos e incluyó hasta amenazas de denuncia penal. El viernes las canillas se reconstruyeron. Dicen en Aguas Santafesinas que las reconstruyó el Municipio. 

Las aguas turbias suben esta vez 

No es el único ruido que hay en el vínculo entre Aguas Santafesinas y el gobierno de Funes. Hay por lo menos dos barrios -Cantegril y Atardeceres- que quisieron tramitar su conexión a la red de desagüe cloacal y se encontraron con una negativa de ASSA. ¿El motivo? La existencia de un convenio firmado en 2023 entre el Municipio y la empresa en la que se otorga a Funes un cupo de 5 mil conexiones de desagüe cloacal, pero se asigna esos cupos a ciertos barrios de la ciudad. 

Al recibir la negativa, tanto de Cantegril como de Atardeceres plantearon lo mismo: no tiene sentido asignar los cupos disponibles a desarrollos inmobiliarios que no están aún avanzados cuando hay barrios habitados -como Cantegril- o ya listos para habitarse -Atardeceres- que lo están solicitando. La solución, dicen en ASSA, es firmar una addenda al convenio que Santacroce y el expresidente de la empresa, Hugo Morzan, firmaron en 2023. Seguramente, el tema estará en la charla que la dirección de Aguas Santafesinas mantenga con representantes del Municipio en la próxima semana.

Una pelea en vano y las razones de un veto

Con firma de Roly Santacroce y de su secretario de Desarrollo Económico Alberto Barcos, el Ejecutivo vetó un decreto que había sido aprobado por el Concejo en el que se ordenaba al Municipio volver a discriminar los rubros y montos que se abonan en la boleta de la Tasa General de Inmuebles, una práctica que se abandonó hace algunos meses. La decisión, obviamente, causó la indignación opositora.

El decreto, impulsado por el concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe Juan Ignacio Rímini, es el que causó una fuerte pelea entre el bloque oficialista y el opositor hace algunas semanas en el Concejo. Como contamos aquella vez en Un Café, una discusión en torno a las mayorías necesarias para obtener el despacho de comisión del proyecto escaló al punto tal que terminó con Soledad Miguez acusando a Rímini y a Carlos Olmedo por “maltrato” y “faltas de respeto”. 

Ese tortuoso proceso terminó siendo en vano porque el Municipio vetó el decreto. Entre las razones explicitadas en los fundamentos, además de sostener que liquidar la TGI sin discriminar los montos y rubros no viola ninguna normativa ni es violatorio de principios constitucionales, el gobierno funense adujo que la forma de liquidación actual “responde a un esquema funcional y operativo que permite ahorro en los recursos materiales” y “no genera sobrecarga en los procedimientos de control”, lo que se traduce, según dicen, en “la eficiencia del servicio público”.

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