Una gran estafa explota en Funes, se estancó el mercado de mansiones premium y el camino de Santacroce

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Hace más de un año y medio que no se mueve el mercado de propiedades millonarias en Funes. No es por falta de oferta, sino por razones que hacen poco económica la inversión. Además, una denuncia penal destapó una gran estafa realizada con firmas y sellos falsificados de una empleada municipal; Roly Santacroce se balancea en el espectro político, se muestra cerca de Maximiliano Pullaro y recibirá a Martín Llaryora; y cómo fue el detrás de escena del anuncio del gobernador sobre la obra del Aeropuerto, junto con una sospecha inquieta. 

Pase, siéntese, lea y tómese Un Café por Funes:

Una gran estafa está por explotar en el Municipio

Un escándalo salió a la luz esta semana en materia inmobiliaria. Dos empleados municipales, jefe y subjefa de la Oficina de Catastro de la Municipalidad, hicieron una denuncia penal por la aparición de certificados de numeración de lotes falsos. Según lo que relatan en la presentación que, a su vez, entregaron en copia al Concejo Municipal, además de diferencias sustanciales con los originales, los certificados cuentan con sus firmas y sellos pero ellos nunca los firmaron ni sellaron. De hecho, sostienen que los sellos utilizados son viejos y hace años no se usan.  

Los certificados de numeración de lotes son documentos otorgados por el Municipio necesarios para pedir el alta de los servicios como luz, agua potable o gas natural, o prueba requerida en los juicios de usucapión. Según la denuncia de los empleados, no es la primera vez que sucede -y que lo denuncian-. Esta vez, se dieron cuenta por una consulta del Juzgado de Pequeñas Causas sobre la numeración de un lote -de Coronel Pringles al 1000- que había sido denunciado como usurpado: el número que figuraba en el certificado del lote usurpado no coincidía con el verdadero número. 

No es la única diferencia que notaron los empleados en el certificado. Por empezar, estaba fechado el 9 de julio de 2024, un día no laborable. También figuraba el número de cuenta -que en los certificados originales no figura- y no estaba el nombre del titular -que en los certificados sí aparece-. Tampoco figuran las subdivisiones del lote ni coinciden con respecto al plano original, y faltaba una nota al pie que siempre está. 

Los empleados están preocupados porque no saben cuántos certificados falsos hay y pueden quedar involucrados en estafas. La hipótesis es que se trata de terrenos que se usurpan y se falsifica la documentación para darle apariencia de legalidad; se reingresan al mercado y personas los compran de buena fe, confiando en los documentos que creen reales pero no lo son. Lo llamativo es que no es la primera vez que estos empleados realizan una denuncia así: ya lo habían hecho con otro caso en 2023. 

Por qué no se venden las propiedades millonarias

Hace casi un año y medio, en la primera edición de Un Café, revelamos la venta de la ex Rural. El predio de cinco hectáreas había sido vendido por la aseguradora San Cristóbal a la desarrolladora Qala en un número que no se reveló, pero se rumoreó cercano a los cinco millones de dólares. Fue la última venta que se hizo en la ciudad de un predio de semejante características. Si bien el mercado se siguió moviendo, las operaciones que se realizaron no incluyeron más propiedades millonarias, una categoría que cada vez se engrosa más en la ciudad.

Basta con analizar las últimas notas de InfoFunes para saber que no es un problema de oferta: en la ciudad sobran propiedades de ese estilo en venta. Por ejemplo, el predio donde funcionó durante años el colegio Joan Miró, sobre calle Catamarca, que tiene casi 11 mil metros cuadrados y por el que piden US$3 millones. También está hace tiempo en venta el campo ubicado en Pedro A. Ríos y Esteban de Luca, de 17 hectáreas, tasado en US$7.5 millones. Por esa zona, hace no mucho salió a la venta la propiedad de Mitre y Ruta 9, de casi 5 mil metros cuadrados, por US$1.6 millones.

El ícono de los grandes predios en venta que no consiguen compradores es el Obrador Municipal. El año pasado, la Muni lo tasó en US$7.5 millones y abrió una licitación para venderlo que quedó desierta. El precio -unos US$500 por metro cuadrado- fue parecido al de la casona ubicada en Yrigoyen y Ruta 9, por la que piden US$4 millones. También en el centro, el predio de Pte. Perón y Pedro A. Ríos se está ofertando por US$1.1 millones. Son solo algunas de las propiedades de esa extensión que están en el mercado.

Ahora bien, ¿por qué se frenaron este tipo de operaciones? La razón, dicen los especialistas, es puramente económica. En el caso de los terrenos de más de 5 mil metros cuadrados, la normativa les exige -para cualquier tipo de urbanización- la donación de una parte para reserva fiscal, calles y espacios verdes, lo que torna poco económica la inversión. Son terrenos que quedaron en el medio: demasiado grandes para un condominio y demasiado chicos para una gran urbanización.  

En el caso de los terrenos de menos de 5 mil metros cuadrados, el problema es otro. Se trata de predios que para realizar un desarrollo, precisan exenciones normativas -indicadores de construcción- a cambio de los cuales deben abonar plusvalía. Esa plusvalía se calcula de acuerdo al precio del metro cuadrado construído según el Colegio de Arquitectos, que tuvo un fuerte sinceramiento este último año y hoy supera los $900 mil. 

Traducción: entre el costo de la propiedad y la plusvalía a abonar para realizar un desarrollo, la inversión a realizar es muy alta. Eso hace que la incidencia en el precio de venta sea mucha y, por lo tanto, este sea alto, haciéndolo accesible solo a la porción más premium del universo de compradores, que no se caracteriza por ser numerosa. Por esa razón, el sector del mercado que sí se está moviendo es el de propiedades más chicas, bien ubicadas, que requieren poca inversión para realizar algún desarrollo rápido y está garantizada su venta rápida.

El camino de Roly Santacroce

El que no descansa con sus reuniones es Roly Santacroce. El intendente pasó de presentar una nota en el Partido Justicialista para exigir internas y reunirse con José Mayans -el formoseño jefe de bloque del peronismo en el Senado y vicepresidente del PJ- para pedirle que Agustín Rossi no sea el candidato a ser recibido en una cena por Maximiliano Pullaro junto a otros intendentes díscolos del peronismo para explorar la posibilidad de sumarse a Provincias Unidas, el armado nacional de gobernadores de la ancha avenida del medio. 

Lo que quiere Santacroce es ser el hombre de Martín Llaryora, aliado a Pullaro en Provincias Unidas, en Santa Fe. De hecho, el martes es probable que el gobernador cordobés visite Rosario y se vea con esos alcaldes. Todo indica que ese grupo -entre los que están Enri Vallejos, de Reconquista, y Adrián Maglia, de Granadero Baigorria- colará algún nombre en la lista que encabezará la vicegobernadora Gisela Scaglia. Será una candidatura simbólica, porque no habrá chances de que entre al Congreso. 

Sin embargo, esa alianza que probablemente se dé para las elecciones nacionales no significa que los alcaldes mencionados dejen el peronismo para sumarse a Unidos para Cambiar Santa Fe, la alianza que hoy gobierna la provincia. Al menos, no por ahora. Sin embargo, lógicamente la movida incomoda a los referentes de Unidos en esas ciudades. En Funes, el afectado es Juan Ignacio Rímini, que viene haciendo oposición dura hace años contra Santacroce y hoy ve que, por arte de la política, pueden terminar en el mismo espacio.  

El detrás de escena de la obra del Aeropuerto

“Así como la última vez que nos reunimos les dije que no estaban bien, quiero decirles que ahora estoy muy contento y satisfecho de cómo vienen trabajando”. La frase la dijo el gobernador Pullaro, sentado junto a su ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, en la reunión que tuvo con el directorio del Aeropuerto Islas Malvinas antes de recorrer la nueva y moderna terminal y de anunciar que el gobierno de Santa Fe se haría cargo, en los tiempos planificados, de la repavimentación de la pista y del nuevo sistema de balizamiento.

Lo escucharon el presidente del directorio, Esteban Bretto; el exconcejal de Funes y aliado de Rímini, Pedro Giantenaso; y el nuevo director por Rosario, José Luis Conde, un ingeniero que fue secretario de Obras Públicas de Rosario, vicepresidente de Newell’s -diseñó la nueva tribuna- y es muy cercano a la familia de Lionel Messi. Unos días antes, Puccini anunció en sus redes el cambio: el que dejó su lugar fue Nicolás Ruggiero, algo cansado de la gestión, cuya salida estaba pactada desde antes de las elecciones. Conde, por su profesión, será quien siga el día a día de la obra. 

Fue la noticia de la semana. Tras el paso al costado del gobierno de Javier Milei, que se venía haciendo cargo de la licitación e iba a solventar la mitad de la obra, en Santa Fe solo había bronca: el gobierno provincial siempre estuvo dispuesto a encargarse de la obra en soledad y sintió que la Casa Rosada le hizo perder un año y medio. Sin embargo, rápidamente, diseñaron un sistema sui géneris para no tener que iniciar todo el camino licitatorio de cero nuevamente y anunciaron que la obra empezará el 20 de septiembre. El aeropuerto estará cerrado hasta el 18 de diciembre.

Para apurar tiempos, el gobierno provincial decidió utilizar el pliego confeccionado por los técnicos del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y hacer la obra por contratación directa. El viernes ya empezó a correr el plazo de diez días para que cualquier empresa interesada haga su oferta. Una vez terminado ese plazo, la comisión evaluadora tendrá diez días más para elegir a la firma constructora y se espera que el primer día de septiembre se firme el contrato. La empresa elegida tendrá veinte días para acomodar sus cuestiones y el 20 de septiembre empezará a trabajar.

Un detalle llamó la atención. El costo estimado de la obra según Santa Fe en este segundo proceso es de $34.800 millones, cuando por el mismo trabajo en la primera licitación el ORSNA estimó $41.600 millones. En esa ocasión se había dado una guerra de constructoras porque se presentaron dos ofertas de empresas santafesinas mucho más baratas que fueron impugnadas por otras oferentes, cuyas propuestas eran mayores que el presupuesto estimado.

La diferencia, sumado a que las propuestas impugnadas estaban cerca de lo que ahora Santa Fe estima que costará la obra, alimenta la sospecha acerca de por qué la Casa Rosada dio un paso al costado: como la mayoría de las terminales aéreas son concesionadas a Aeropuertos Argentina, que paga las obras, creen que ya era una costumbre el sobreprecio en las licitaciones, “total lo paga el privado”. En este caso, con ofertas mucho más baratas y un aeropuerto de gestión pública, la práctica habría quedado en evidencia y por eso se cayó esa licitación. De nuevo, solo sospechas.

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