La rosca funense: el plan de Santacroce, los ruidos cercanos y urbanizaciones en la mira
El intendente blanquea su objetivo electoral y se crispan los ánimos en el oficialismo. El funense en el que confía Pullaro y la polémica por la tasa vial.
"La Rosca Funense" llega a InfoFunes para hacer una segunda lectura de algunos episodios en donde se entrelazan la política y los negocios de nuestra ciudad. El inocente video que es la punta del iceberg del plan que construye por estas horas Roly Santacroce de manera sigilosa, mientras un concejal oficialista le complica el frente interno. Juan Ignacio "Nacho" Rímini pavimenta su camino al comité departamental de la UCR de la mano del pullarismo, y consultas indiscretas prenden luces de alarma alrededor de algunos desarrollos inmobiliarios.
Los aviones nacionales del intendente.
El video se repartió entre los celulares de los que siempre están atentos a la rosca. Desde su despacho, el intendente Roly Santacroce le envió un saludo a su par de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, por el aniversario de dicha ciudad. Podría ser inofensivo, pero los que saben que el alcalde funense quiere ser candidato a Diputado Nacional el año que viene lo inscribieron en el marco de una estrategia de cara a ese objetivo.
Santacroce foguea por estos días una alianza de intendentes peronistas -dicen que ya juntó a más de cinco- que potencie una lista de postulantes a la Cámara de Diputados el año que viene, que el funense tiene intenciones de encabezar. La novedad es que pretenden jugar por afuera del paraguas institucional del peronismo, un poco desencantados por la poca relevancia que tienen en la rosca provincial del Partido Justicialista, pero también convencidos de que todo lo que se muestra peronista en las próximas elecciones santafesinas tiene destino de derrota.
No es casualidad, entonces, que Santacroce se haya mostrado con el gobernador cordobés Martín Llaryora , el referente nacional del peronismo “perdonable” . En ese proceso de desideologización de su perfil público, apareció como novedad que el dirigente externo Luciano Gentile llegó a la secretaría general del PJ funense, aterrizaje que fue auspiciado entre otros por el secretario de Gobierno Martín Papini: la disputa por la sucesión ya comenzó.
Un funense para el trono radical
Otro que ocupa parte de sus horas en preparar una expansión más allá de las fronteras funenses es "Nacho" Rímini . El concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe es la figura elegida por el equipo del gobernador Maximiliano Pullaro para quedarse con la presidencia del comité de la Unión Cívica Radical que abarca a todo el departamento Rosario. Si bien tiene que sortear algunas internas, todo indica que no tendrá mayores problemas para triunfar. Será la primera vez que un funense ocupa ese lugar.
La génesis del nuevo rol para el que se prepara Rímini está en una debilidad que el gobernador detectó en las últimas elecciones y lo desvela: salvo él mismo, su espacio político no tiene figuras taquilleras en el departamento de Rosario. Por eso, bajó la orden a su equipo de construirlas. Así, el pullarismo rosarino vendió un acuerdo con los representantes radicales de los demás distritos del departamento.
La figura que condensa ese acuerdo, por ser conocido en los distritos y considerado “leal” en el entorno más íntimo del gobernador, es Rímini. Todavía no está cerrado, hay una tribu del radicalismo rosarino que pretende postular un candidato propio, pero quienes trabajan para la candidatura del funense confían en que lograrán imponer su nombre.
La disyuntiva del PRO funense
La que no viene siendo muy pacífica es la renovación de autoridades del PRO de Santa Fe. Los macristas de la provincia están enfrascados en una interna cada vez más virulenta entre dos sectores: el que lidera la vicegobernadora Gisela Scaglia y el que responde al ex diputado Federico Angelini. En esta última tribu ganó protagonismo en las últimas semanas el presidente del Concejo Municipal Carlos Olmedo.
Si bien hace años que Olmedo se mueve bajo la conducción de Angelini -quien también vive en Funes-, ahora éste le comenzó a delegar tareas de coordinación a nivel regional de cara a las internas que tendrán lugar en dos meses. Ese vínculo es el que sustenta, por ejemplo, el desembarco como Director Provincial de Infraestructura Portuaria de Santiago Carloni , uno de los laderos de Olmedo.
Sin embargo, ahora Carloni se enfrenta a una disyuntiva: pertenece al espacio de Angelini, pero es funcionario de un gobierno que colidera Scaglia . Ya sorteó un pedido de firmas a favor de la candidatura de la vicegobernadora como presidenta del partido que se le hizo a todos los funcionarios provinciales macristas. El que atraviesa más tranquilo el río correntoso es Luis Dolce , tercer elemento del PRO funense y también funcionario provincial : si bien no se aleja de Olmedo y Carloni, está jugando sin ataduras para el sector de Scaglia.
Ruido en el oficialismo por el Urbanito
La aprobación del proyecto de ordenanza que amplía el recorrido del Urbanito metió ruido en el oficialismo. La iniciativa, que suma la zona oeste y todas las escuelas de la ciudad a la ruta del servicio de transporte, fue una combinación de tres proyectos presentados por los ediles no peronistas del Concejo : Rímini, Olmedo y Anita Martelli. Para aprobarlo, necesitaban el apoyo de alguno de sus pares oficialistas. Quien se prestó y posibilitó la aprobación fue Soledad Miguez.
El gesto de Miguez con sus colegas opositores no cayó bien en el Municipio. No solo porque la concejala se cortó sola y acordó con la oposición, sino porque eso permitió que se aprobara una ordenanza que implica una inversión mayor por parte del Ejecutivo. Sospechan que detrás de la jugada está la mano del caudillo histórico Juan Héctor Miguez, padre de Soledad. Por lo pronto, más de uno vio el fantasma de la venganza en el retraso en la transferencia por parte del gobierno de la partida mensual necesaria para sostener los gastos del Concejo.
Nubarrones acechan en el plano inmobiliario
Un problema se asoma en el plano de los negocios. Sin levantar la perdiz, el gobierno provincial comenzó a recabar información acerca de algunos desarrollos inmobiliarios que se están avanzando en la ciudad. Esos datos se están recopilando en el Ministerio de Ambiente, la cartera encargada de otorgar los permisos necesarios para comenzar a urbanizar y construir en terrenos aún no habitados, una vez que el Concejo otorgó la prefactibilidad a dichos proyectos.
Hay que recordar que el titular de la cartera ambiental es Enrique Estevez, una de las figuras más encumbradas del socialismo santafesino. El dato es relevante no solo porque el socialismo no tiene una representación con peso propio en la ciudad -lo que podría significar alguna atadura-, sino porque cuando a dicho espacio político le tocó ejercer el gobierno provincial fue muy celoso a la hora de darle luz verde a este tipo de iniciativas. Se avecinan nubarrones.
Un bache entre los empresarios y el Gobierno
El otro ruido que hay en el mundo de los negocios lo trajo la tasa vial. Recapitulamos: Santacroce envió al Concejo un proyecto para crear una tasa que se cobra sobre el gasto de combustibles que busca financiar obras de mantenimiento vial. Logró su rápida aprobación gracias a los votos del oficialismo en el Concejo, sumado al apoyo del PRO.
Si bien no es una idea nueva -que incluso es cuestionada por su constitucionalidad en varios tribunales del país-, Santacroce desató una pequeña moda en la región, ya que varios municipios hicieron lo mismo, como es el ejemplo de Rosario. Daniel Escalante, intendente de Roldán, avisó que en su ciudad no se haría y cristalizó un fenómeno algo extraño: a partir de la instrumentación de la tasa vial, en la ciudad vecina cargar combustible saldrá unos pesos más barato.
Sin embargo, a pesar de tener la ordenanza vigente, el Municipio aún no reglamentó el nuevo gravamen y por lo tanto no se está aplicando. Casi como último recurso, la Asociación Empresaria de Funes y la Asociación de Comerciantes e Industriales de la ciudad se unieron esta semana y presentaron sendas notas en la Municipalidad y el Concejo pidiendo que no se aplique porque el sobrecargo aumentará el costo operativo de sus operaciones y afectaría “la sostenibilidad de los negocios locales”.
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