Club house abandonado en Funes Town: el juicio tuvo un avance clave y la Muni podría quedarse con el predio

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Si bien optan por la cautela, la expectativa crece en la Municipalidad de Funes en torno al juicio que mantienen contra BMR Mandatos & Negocios y Grupo Lands, la firma desarrolladora de Funes Town. El conflicto se desarrolla en el Juzgado Civil y Comercial de la 8° Nominación pero hay otro lugar que simboliza los más de diez años dilapidados entre expedientes y recursos: el club house del barrio, abandonado hace una década, con cuatro canchas de tenis, una pileta, un salón multiusos y un playón hundidos en un inexorable deterioro. 

La novedad es que hace unas pocas semanas, el expediente pasó a “autos para sentencia”. ¿Qué significa? Que el proceso terminó y que las partes están a la espera de que el juez Luciano Juarez dirima el conflicto. Lógicamente, es un paso importante pero no final: seguramente, quien sea perjudicado por la sentencia quiera apelar la decisión. Este lunes comienza la feria judicial, por lo que habrá que esperar al menos quince días para conocer el fallo del magistrado. 

Vale la pena repasar el conflicto, que se remonta a 2013, para entender mejor. Grupo Lands se demoró en la realización de obras exigidas -principalmente, la provisión de agua potable y gas natural para varios barrios de la ciudad- y, ante esa falta, la gestión municipal de Mónica Tomei se negó a otorgar la aprobación final del desarrollo, paso necesario para ingresar los planos a la Dirección de Catastro y que los compradores puedan escriturar. 

A la mayoría de los compradores los presionaba un plazo: debían completar los trámites para asegurarse un crédito del programa Procrear. Por eso, comenzaron una protesta que tuvo como base una carpa en la puerta de la Municipalidad. Asediada, la gestión municipal aceptó destrabar la escrituración de los lotes a cambio de que Lands constituya un fideicomiso en garantía del cumplimiento de las obras faltantes, integrado por cincuenta lotes. Se estableció, además, un plazo para la realización de las obras.

Allí entra en escena el otro demandado, BMR Mandatos & Negocios, que fue el administrador de ese fideicomiso. Cuando, tras tres prórrogas otorgadas y sin las obras realizadas, la gestión de Diego León Barreto decidió ejecutar los terrenos en garantía, se encontró con que BMR había dejado de ejercer su rol y nunca había dejado constancia en el Registro de la Propiedad la afectación de esos terrenos. Eso había permitido que diez de ellos fueran vendidos y, por orden de otro juez, los compradores habían podido escriturar.

Además, apareció un acreedor de Grupo Lands, quien sostuvo que le había prestado dinero a la desarrolladora y que la devolución de ese préstamo había sido garantizada con treinta de los terrenos que Lands había puesto también en garantía ante el Municipio. Como la operación con el acreedor había sido anterior, el juez que intervino le dio la derecha y le permitió escriturar esos terrenos. Por lo tanto, la garantía de más de cincuenta terrenos de la que gozaba la Muni pasó a ser de alrededor de diez, entre los que se encuentra el abandonado club house.

Esa fue la génesis de la batalla judicial que se estiró durante casi una década en los estrados judiciales y que en las próximas semanas comenzaría, por fin, a desenredarse. Sin embargo, pase lo que pase, será una derrota para la Muni de Funes: aunque el juez le de la razón, la ejecución de los diez terrenos no permitirá solventar ni una parte de las obras que aún faltan en los barrios. Una muestra de lo que pasa cuando el estado no tiene fuerza suficiente y le tuercen el brazo.

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