Una separación, mensajes falsos y $70 millones: la venganza que una empresaria de Funes llevó a juicio

Lo que comenzó como un conflicto personal terminó escalando hasta convertirse en un caso judicial con derivaciones en el mundo empresario. Una empresaria de Funes, dedicada desde hace años al rubro geriátrico, inició una demanda millonaria tras denunciar una maniobra de difamación que puso en jaque la reputación y el funcionamiento de su establecimiento en la Ciudad de Rosario.

El origen del conflicto se remonta a una separación de una pareja en Funes. Tras la ruptura, el exmarido de una funcionaria pública comenzó una nueva relación con la empresaria en cuestión. A partir de ahí, según consta en la denuncia, la exesposa —que se desempeña como empleada pública— habría utilizado su posición y acceso a información para iniciar una serie de difamaciones. Los mensajes enviados en cadena, en los que se hacía pasar por organismos oficiales, advertían sobre supuestas irregularidades y procesos de clausura en el geriátrico, lo que desató un daño reputacional de magnitud.

La institución está ubicada en pleno centro rosarino y forma parte de una red familiar con tradición en el cuidado de adultos mayores y también en el área de salud mental. El emprendimiento había logrado consolidarse en un mercado altamente competitivo, donde la confianza de las familias es un valor central. Sin embargo, en los últimos meses se vio sacudido por la circulación de mensajes falsos que alertaban sobre supuestas investigaciones oficiales y posibles clausuras.

De acuerdo a la presentación judicial, los mensajes se hicieron pasar por comunicaciones de organismos públicos, generando alarma entre familiares, empleados y allegados al establecimiento. En ellos se mencionaban embargos, juicios laborales y hasta la inminente intervención de la fiscalía y la AFIP. El impacto no tardó en sentirse: varios familiares retiraron a los residentes por temor a que la institución atravesara un proceso de cierre.

Según pudo saber InfoFunes, el cálculo de daños económicos que acompañó la denuncia asciende a unos 70 millones de pesos, entre la pérdida directa de ingresos por la salida de al menos seis residentes, el lucro cesante y el deterioro de la imagen de la empresa. “La reputación en este tipo de servicios es tan importante como la infraestructura o la calidad de atención, y cualquier duda sobre la seriedad del proyecto tiene consecuencias inmediatas”, reconoció una fuente consultada por este medio.

La respuesta de los propietarios fue recurrir a Tribunales con un equipo legal integrado por profesionales de trayectoria en Rosario. Entre ellos figuran el doctor Agustín Carbone —abogado vinculado a la familia Messi— y Pablo Pasteris, quienes junto a otros letrados acompañan la querella. Los abogados prefirieron mantener la reserva y evitar declaraciones públicas hasta tanto avance el proceso.

Más allá de la disputa particular, el caso abre un debate de fondo sobre los riesgos reputacionales a los que están expuestas las empresas de servicios. En sectores sensibles como la salud, donde la decisión de un cliente está íntimamente ligada a la confianza, una campaña de difamación puede tener efectos devastadores. Y si bien la tecnología amplifica las oportunidades de comunicación, también multiplica la capacidad de daño cuando circula información falsa, como en este caso.

El hecho también refuerza la tendencia a judicializar este tipo de conflictos, con demandas que buscan no solo la reparación económica, sino también marcar un precedente frente a maniobras que exceden la competencia empresarial y se trasladan al plano personal. Como una suerte de eliminar la difamación y así limpiar la imagen de la institución. El desenlace del litigio todavía está por verse y seguro en las próximas semanas habrá novedades sobre la causa.

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