La fiscal denunciada por abusos en Rosario y Funes se defendió: “Es una operación para que no investiguemos”

La fiscal Ana Milicic, denunciada por supuestos abusos en una causa tramitada en Rosario y Funes, rompió el silencio y negó las acusaciones en su contra. Sostuvo que se trata de “una operación mediática impulsada por personas investigadas” y defendió su trabajo en las investigaciones sobre tráfico de armas y violencia criminal.

La funcionaria fue denunciada por una mujer de 64 años tras un operativo que calificó como “violento e injustificado” en su vivienda. Sin embargo, Milicic dio otra versión de los hechos: mientras la denunciante aseguraba no tener vínculos con la causa, los investigadores hallaron un arma sin tenencia, una ambulancia sin uso profesional justificado, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares que aún están siendo peritados en el marco de la investigación.

Según indicó la fiscal, la ambulancia podría haber sido utilizada como pantalla para el tráfico de armas, por lo que el expediente sigue abierto y la investigación continúa en curso. Además, aclaró que la denuncia presentada por la mujer para apartarla de la causa ya fue analizada y rechazada por el Fiscal General de Rosario, Matías Merlo, quien avaló su actuación.

“¿Cómo vamos a esperar que no haya balaceras, homicidios y heridos si no vamos a fondo contra el tráfico de armas de fuego?”, se preguntó Milicic, quien además advirtió que todos los procedimientos fueron controlados y autorizados por los mecanismos judiciales correspondientes, precisamente para evitar cualquier margen de arbitrariedad.

Respecto de su intervención en la causa, la fiscal aclaró que no fue una decisión personal: “Me convocaron como podrían haberlo hecho con cualquier otro fiscal; me asignaron la causa para verificar la denuncia”.

Pese a que la denuncia original había sido anónima, Milicic subrayó que contenía información precisa y verificable: “Daba detalles muy concretos sobre las familias involucradas, los movimientos y hasta el uso de una ambulancia. No era una denuncia creativa ni fantasiosa: todo lo que se mencionó luego se verificó o está en proceso de hacerlo”, sostuvo.

Así, la fiscal reconoció sentirse afectada por la exposición pública y la presión mediática, aunque reafirmó su compromiso con el trabajo judicial. “Es una operación mediática armada por personas investigadas. Afecta la política de persecución penal del MPA, que justamente apunta a la violencia altamente lesiva”, sostuvo.

De este modo, la fiscal buscó despejar las dudas sobre su accionar y reafirmar la validez de las investigaciones que lleva adelante. El caso, más allá de la polémica, volvió a poner en foco la tensión entre las causas por tráfico de armas y las presiones que enfrentan los equipos judiciales que intervienen en la región.

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