Investigan si reconocido narco tiene propiedades en Funes Hills

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Fiscalía quiere que la provincia se quede con el cuantioso patrimonio decomisado, que hasta ahora incluye 38 inmuebles y 165 vehículos.

La acusación de lavado de dinero contra el abogado que acompañó durante 10 años a Esteban Alvarado se explicó hace un mes en una audiencia como una maniobra típica de una banda que tiene como objetivo construir poder económico. Se trató –explica hoy el Diario La Capital- “de la compra, en 2016, de un campo de diez hectáreas en Coronel Bogado a valor irrisorio, según los fiscales”. 

El campo fue escriturado a nombre del abogado quien, en ese momento, figuraba en la Afip como contribuyente de riesgo, es decir sin capacidad económica para esa operación. El valor escriturado fue de 1.900.000 pesos cuando el valor fiscal catastral, dicen los acusadores, era de tres veces más. El valor catastral además es ya algo muy por debajo del valor real.

El inmueble en cuestión ubicado a 50 kilómetros de Rosario y se incorpora a un acervo millonario de la pulseada que viene en el trámite por la asociación ilícita que Alvarado está acusado de comandar. 

Hablar de dinero significa, en lo concreto, estos números: 38 inmuebles, 165 vehículos de todo tipo (camiones, camionetas, autos, semirremolques), depósitos inmovilizados en veinte cuentas congeladas por orden del Banco Central (BCRA) y siete embargos requeridos a la autoridad monetaria.

Medios y fines

Según explica hoy el Decano, el Estado provincial quiere, a través de sus fiscales, quedarse con ese patrimonio. Hacerlo significa apuntar a la banda donde duele como objetivo de política contra el delito complejo. Aunque algunos de los hombres de una banda puedan cometer hechos de enorme crueldad un grupo criminal no tiene como objetivo último practicar la violencia. Si lo hace es como método, en general de última instancia, para asegurar la rentabilidad de su negocio.

“Ir contra esto es sacarle un motivo a la violencia. Y además producir a partir de su decomiso un posterior remate a fin de que el dinero producido sirva para fines múltiples: sufragar las investigaciones, reparar económicamente a víctimas o dar a los bienes un destino público para fines sociales en dependencias oficiales o en organizaciones civiles”, expresa la nota.

A la par, existe una causa federal por lavado de activos contra el grupo de Alvarado, la 10307/2015 que lleva la Procuración Contra el Lavado de Activos (Procelac), por lo que deberá definirse, si prospera la acusación, si Nación o Santa Fe se queda con los bienes.

Más detalles de la causa, en la nota de La Capital: 

La prioridad del negocio

La sospecha consolidada es que la violencia de esta asociación ilícita se practica con regularidad. Alvarado está acusado de ordenar la muerte del prestamista Lucio Maldonado quien estuvo secuestrado en una de sus casas en jurisdicción de Piñero que tiene, también, destino de remate. Mauricio Laferrara, que el año pasado fue acusado de cometer seis asesinatos, fue señalado en audiencia como ejecutor de homicidios por encargo de Alvarado, es decir, uno de los sicarios de la organización. La información compilada por fiscales de la Agencia de Delitos Complejos (ADC) vincula a Alvarado en total con unos 40 homicidios.

Pero para los investigadores de la ADC y del Ministerio de Seguridad aunque la violencia es un rasgo reiterado lo fundamental en Alvarado es la madeja de empresas que construyó. Porque esas empresas legales, alegan, financiaron actividades delictivas a la vez que permitieron comprar bienes en barrios cerrados como Puerto Roldán, Tierra de Sueños de Roldán, Funes Hills y Condominios del Alto frente al shopping Alto Rosario. En los dos últimos lugares vivió en distintos momentos gente de su familia.

Esas empresas inscriptas de Alvarado para prosperar necesitaron de permisos estatales que muchas veces otorgaba la policía garantizando la no persecución a sus actividades ilícitas a cambio de beneficios.


Moverse entre la sombras

En un tramo de la serie Fargo, el grupo fuerte del pequeño pueblo de Minessotta que lleva ese nombre afronta problemas al tropezar con un grupo más poderoso, que es la mafia de Kansas City. El grupo más pequeño se dedica al movimiento de cargas, uno de los rubros predilectos de las organizaciones criminales tanto para trasladar bienes como para lavar activos. Los de Kansas codician ese negocio, saben que por su mayor poder terminarán comprándolo pero los más chicos vacilan en vender. "Los matamos?", pregunta ante la demora uno de los sicarios a un contador de la mafia. "Quizás", responde. "Si el mercado ordena matarlos, los matamos. Si ordena ofrecer más dinero, ofrecemos más dinero. Hacemos lo que dictaminen los costos y ganancias".

Lo que le permitió edificar a Alvarado su fortaleza económica fue la actividad comercial y no la actividad violenta que se le atribuye. Lo más constante, cotidiano e invisible fue el movimiento de sus empresas. Los hechos de sangre fueron más esporádicos pero de gran visibilidad. La trama de empresas que le descubrieron requirió de mucho ingenio y capacidad de trabajo. Eran empresas lícitas al frente de las cuales se situaron hombres de paja, al decir de los fiscales, es decir testaferros que le permitieron moverse en las sombras.


"El impacto que produce la sangre, que es esporádico, tapa el verdadero quehacer de una banda"

En quince meses de audiencias queda claro que el grupo de Alvarado está complicado por evidencia de delitos graves contra la vida. Pero para los investigadores el impacto que produce la sangre, que es esporádico, tapa el verdadero quehacer de una banda. Y eso se ve en todos los bienes que atesoró. Como decía el contador de Fargo, algunas veces se usan balas, pero la mayoría de las veces dinero.


El arquitecto

Entre los inmuebles que se les pedirá decomiso hay varias casas de significativo valor en la trama criminal porque muestran cómo las viviendas son instrumento de lavado y cómo la maquinaria para hacerlo mezcla actores del mundo ilegal con el legal. Para esa expansión no sólo se requirieron testaferros sino conocimientos más sofisticados que proporcionan profesionales.

Además de su abogado defensor que según los fiscales se quedó con un campo con plata de su cliente, está a punto de ser imputado un arquitecto que construyó o refaccionó viviendas para Alvarado. Este arquitecto ya fue llamado a imputativa. Para los investigadores le construyó casas a Alvarado en Puerto Roldán, apareció como su prestanombre y también hizo refacciones.

A este profesional le atribuyen ser quien edificó y anotó a su nombre una casa en Puerto Roldán en un momento en que estaba en quiebra, es decir, en incapacidad de adquirir bienes. Esa casa luego fue cedida a Luciano Previtera, que está imputado como miembro de la asociación ilícita, pero los fiscales consideran que el dinero venía de Alvarado. Cuando fue allanada en junio pasado la vivienda estaba vacía.

También este arquitecto es el que aparece como comprador de un departamento en Condominios del Alto, frente al Shopping Alto Rosario, donde encontraron viviendo al allanarlo al ex jefe de Drogas de la ex PDI, comisario Javier Makhat. En ese departamento vivió la familia de Alvarado cuando éste decidió instalar a su esposa e hijos allí al pensar que Luis Medina quería matarlo. Los fiscales consideran a Alvarado su verdadero dueño, aunque la última escritura está a nombre de la mujer de Makhat.

En la pesquisa se remarcó que cuando el arquitecto inscribió el departamento a su nombre estaban en quiebra él y su mujer. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra exigen quedarse con ese departamento por considerarlo parte del patrimonio de Alvarado.


Empresas

Una de las casas de Alvarado en Misiones 865, en el barrio privado Tierra de Sueños 1 de Roldán, era el domicilio legal de Transportes Toia SRL, al que pertenecía el semirremolque de un camión hallado en 2017 con 493 kilos de marihuana en la provincia de Río Negro, hecho por el cual desde hace dos meses Alvarado está imputado como organizador.

Las empresas logísticas y de transporte, dijeron los fiscales en la audiencia, formaban una red de sociedades de responsabilidad limitada (Edra Servicios Logísticos SRL, Logística Santino SRL, Logística TSC SRL, Toia SRL, Sagrado Corazón de María SRL) que estaban legalmente constituidas pero que eran dirigidas por Alvarado. Otras eran sociedades unipersonales de Nadia Toledo, Jorge Benegas, Leandro Suarez y Rosa Capuano, la ex esposa de Alvarado, todos imputados como miembros de la asociación ilícita.


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