Fin a las pintadas en Funes: Santa Fe dejará dos años sin ir a la cancha a los que vandalicen espacio público

Se acabó el folclore de las pintadas: el Gobierno de Santa Fe confirmó que aplicará el derecho de admisión en las canchas de fútbol por hasta dos años a quienes sean detenidos realizando pintadas futboleras en la vía pública. La medida, que tiene alcance nacional, pone en jaque a los hinchas que marcan territorio en Funes, tras los recientes escraches en avenida Yrigoyen y la escalada de cargadas entre canallas y leprosos.

La advertencia cobra especial relevancia en la ciudad, donde la “cultura del aerosol” generó fuertes quejas entre los vecinos en las últimas semanas. El caso más resonante fue la vandalización masiva de garitas y paredones sobre avenida Yrigoyen por parte de simpatizantes de Rosario Central tras el clásico, aunque la práctica es moneda corriente: columnas pintadas de rojinegro o auriazul para marcar zonas y mensajes burlones —como las recientes cargadas de Newell's por el polémico título otorgado por AFA a Central— son parte de un paisaje urbano que ahora podría costarles caro a los autores.

Según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad, la sanción ya se aplica con rigurosidad: en los últimos seis meses, 46 personas fueron aprehendidas en operativos nocturnos y cargadas en el sistema Tribuna Segura. En Rosario ya hay 32 casos con resolución firme que no podrán pisar un estadio hasta 2027, y otros 14 expedientes están en trámite.

“La no admisión es válida para cualquier evento deportivo. Podés viajar a ver a la selección nacional y el sistema detecta la restricción”, advirtió Gustavo Velázquez, de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos. Además, aclaró que la pena mínima es de dos años, pero en casos de reincidencia puede extenderse hasta cuatro, endureciendo el castigo para los fanáticos del aerosol.

Desde la Provincia destacaron el rol clave de los vecinos, ya que muchas detenciones se activan a partir de llamados al 911 cuando detectan movimientos sospechosos frente a viviendas o comercios. Con esta herramienta, se busca poner freno a una modalidad que, lejos de ser una expresión de pasión, termina dañando el patrimonio público y privado de la ciudad.

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