Viernes, 17 de Enero 2025
A Javier Milei le gusta esto: el Concejo de Funes, entre los más austeros del país
En 2024, el costo de cada legislador local en la ciudad fue de $51,3 millones al año, cuando el promedio nacional es de más del doble: $129,4 millones.
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Con un presupuesto total de $308 millones en 2024, el Concejo Municipal local destacó entre sus pares por ser uno de los más austeros del país. Mientras el legislador local promedio en Argentina cuesta $129,4 millones al año, en Funes esta cifra apenas alcanza los $51,3 millones, menos de la mitad.
Además, si se lo compara con el Legislativo rosarino, la diferencia es aún más notoria: en esa ciudad, el costo promedio por edil asciende a $285,6 millones anuales, es decir, cinco veces más que en la Ciudad-Jardín.
Esta cifra se obtiene de dividir el presupuesto total asignado a cada cuerpo deliberante por la cantidad de concejales que lo integran. Así, los números muestran que los seis concejales funenses han reportado costos muy inferiores a los de ciudades como San Miguel de Tucumán ($668,3 millones), Río Gallegos ($639,3 millones), San Salvador de Jujuy ($564 millones), Posadas ($429 millones) o Río Grande ($363,3 millones), que encabezan el ranking de mayor gasto por edil realizado por la Fundación Libertad.
En tanto, al realizar la misma operación, las ciudades de Rosario ($285,6 millones anuales) y Córdoba ($285,1 millones) ocupan la sexta y séptima posición a nivel nacional debido a su alto nivel de inversión por representante legislativo local, ubicado muy por encima del de Funes.
Con un presupuesto 2025 que proyecta alrededor de $420,4 millones para el Concejo Municipal ($70 millones por edil), el Legislativo funense continuará siendo uno de los más “económicos” de la república Argentina.
No obstante, aunque la austeridad puede parecer un indicador de eficiencia, también hay voces que alertan sobre los riesgos de un control excesivo del gasto en instituciones democráticas clave como lo es un Concejo. Según algunos especialistas, limitar de manera excesiva los recursos de los cuerpos legislativos puede impactar negativamente en su capacidad para producir normativas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida y el ordenamiento de las ciudades.
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