Desplazan a 17 empleados contratados del Municipio

Un grupo de ex contratados municipales se presentaron en el Concejo para denunciar ante los ediles que fueron despedidos sin motivo aparente y que, además, para realizar la que era su labor el Ejecutivo contrató a otras dos personas quienes a su vez intentaron subcontratar a los despedidos, pero por menos dinero y de una manera más precarizada.

Los despidos ascenderían a 17 y son en el sector de repartidores de la TGI. Los repartidores firmaban un contrato cada mes con el Municipio en el cual se comprometían a repartir la TGI tanto en Funes como alrededores, cobrando $2.80 por boleta repartida. La mayoría, dijeron, cumplían esa función desde la intendencia de Juan Héctor Míguez, hace más de 20 años.

Cuando quisieron firmar el contrato de septiembre, según relataron, una empleada les comunicó que no se iba a hacer más el reparto "porque se contrató a una empresa privada". "Una empresa privada en la que están metidos (el ex candidato a concejal y conocido como Mago Rubelino) Rubén Pedalino y Daniel Yebara", agitaron los repartidores en el recinto. "Esto no nos pasó nunca, esto es joda, esto es muy oscuro", dispararon.

Ademas, los damnificados contaron que luego de que les hayan notificado el cese de la relación laboral, desde la empresa privada que ahora se haría cargo del reparto se contactaron con ellos y les ofrecieron seguir haciendo el trabajo, pero cobrando menos y sin firmar ningún contrato con el Municipio. Es decir, denunciaron que el Municipio dejó de contratar repartidores para contratar una empresa privada y esa empresa privada quiso volver a subcontratar a los repartidores, pero de manera precaria.

Los concejales decidieron emitir dos pedidos de informe que fueron votados por unanimidad, "uno para que se aclare la situación, y otro para saber cuál es la situación de los repartidores". Es que, más allá de que todos los concejales se manifestaron en contra (en realidad, Martelli se mantuvo en silencio), diferían entre ellos en el tratamiento legal del tema: Olmedo decía que debía intervenir el sindicato por la antigüedad que mantenían los repartidores, pero Míguez le decía que no ya que no eran empleados, sino que eran contrataciones de servicios, pero que podían llegar a cuadrar dentro de la ley provincial 9286 de estabilidad laboral que protege al empleado municipal ante despidos arbitrarios.

Finalmente, el primer funcionario público del Ejecutivo que habló con los repartidores fue el subsecretario de gobierno Guillermo Grisolía, quien estaba presente anoche en el Concejo. Grisolía evadió contestar puntualmente el reclamo pero se comprometió a recibir hoy a los damnificados, quienes asistirán a la reunión acompañados por los ediles y buscarán obtener una respuesta de la pata política de la Municipalidad, que todavía no se expidió sobre el tema.