Fumigaciones...mientras tanto

Solo en 2016, el Concejo Municipal recibió cinco pedidos de exención a la ordenanza 812/12, impulsada por los concejales Mauro Miguez y Eduardo Casim, que establece una franja de 500 metros entre la zona urbana y la zona rural con relación a las fumigaciones que se den en los campos de la periferia funense, impone la construcción de una barrera forestal en esa franja y busca que el modelo de producción agropecuaria vire con dirección a la agricultura orgánica. Como no es la primera vez que se solicitan y se otorgan pedidos de este tipo en el cuerpo legislativo, InfoFunes habló con tres concejales y con uno de los autores de la norma para saber: ¿por qué la ordenanza 812/12 no está siendo aplicada cómo debería?

El presidente del Concejo, el macrista Carlos Olmedo, explicó que “el Ejecutivo anterior nunca siquiera avisó de esta ordenanza a los propietarios de los campos, entonces cuando la ordenanza entra en vigencia nadie tenía la menor idea de nada. El Municipio se comprometió a ayudarlos, vino un ingeniero agrónomo especializado, se pusieron a trabajar, quedó en la nada. La gestión de Mónica se fue, se fue el Concejo anterior ya habiendo votado dos excepciones, es decir que los mismos autores de esta ordenanza votaron excepciones a la misma porque existía el compromiso de los productores a pasar a lo orgánico, de hecho lo siguen intentando. Los dos últimos años del Concejo anterior se votaron estas exenciones, volvió a caer en la nada, el Municipio no brindó la ayuda suficiente (esto tiene una mano de obra más cara, es un trabajo más artesanal y difícil de hacer, y muy poco rentable). Además muchos de los dueños subcontratan estos campos y no encuentran a nadie que se lo subcontrate para hacer este tipo de actividad, entonces empezaron a hacerlo ellos de a poco”.

Olmedo agregó que “se les dio 200 mts con el compromiso de ir aumentando cada 100mts cada año, cada campaña en realidad, alinearnos con la campaña para llegar a estos 500mts. El primer año se les dieron los 200 mts, nadie ayudó en nada, este año volvimos a dar los 200mts ya con el compromiso de que el año que viene serán 300mts y así sucesivamente hasta llegar a los 500mts”, y que “también hay un compromiso tanto del Ejecutivo como nuestro para poder empezar a forestar toda esa zona, para hacer la barrera forestal, y también lo que se hace es que un ingeniero esté presente al momento de la fumigación, anotado en un registro del Municipio y pagado por el productor”.

Por su parte, el radical Juan Ignacio Rímini expuso que “hay varias razones que justifican las exenciones: en primer lugar, el lugar en el cual se encuentra la Secretaria de Medioambiente, ya que hubo un cambio de gestión y nos contaron que existen dificultades para implementar ciertas políticas. Luego, el fundamento de mayor importancia es que la aplicación de esta ordenanza requiere el acompañamiento del Estado, y el Estado en sus distintos niveles, cosa que un Municipio solo no puede llegar a cumplir en su totalidad”. En ese sentido, el concejal contó que “hemos tenido charlas con Medioambiente provincial, que nos plantearon que iniciaron una comisión interministerial entre Producción y Medioambiente para abordar esta temática y por lo que veo no solo se está recién abordando una temática a nivel municipal, sino también a nivel provincial y sé que nacionalmente hay ciertos avances en el INTA” y se preocupó por dejar en claro su postura: “creo que la ordenanza hay que cumplirla, pero es necesario el acompañamiento al sector agropecuario para que puedan transformar su producción y pasarse a producción orgánica”.

El último concejal en referirse al tema fue el peronista Juan Héctor Miguez: “en si la ordenanza es rica en su contenido. Pero el tema es el trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo: durante la gestión Tomei se hizo poco y nada, y durante esta gestión no se hizo ninguna promoción, a pesar de que pusieron un ingeniero agrónomo a cargo de ese sector. Si el Ejecutivo, que tiene que ejercer el poder de policía y la implementación de la ordenanza, se pusiera a trabajar no es mala la ordenanza”. Sin embargo, el ex intendente  no perdió oportunidad de pegarle a los autores de la norma: “Los mismos concejales que promovieron la ordenanza otorgaron exenciones a 200 mts, lo que yo creo que es una contradicción. Este año se le otorgó una prórroga a esa exención que yo, por ser una medida contradictoria, no la voté”.

El que recogió el guante de algunas críticas fue uno de los autores de la ordenanza, Mauro Miguez, quien disparó contra todos: “me parece que lo que el actual Ejecutivo y el actual Concejo hicieron fue abandonar todo un proceso de trabajo previo con diferentes productores rurales de la ciudad de intentar hacer algo distinto con los usos de la tierra que era en su momento pensar hacia avanzar a un modelo de producción orgánica. La idea es seguir sosteniendo el modelo actual, y en ese contexto toda excepción que se otorgue en este momento es totalmente perjudicial para el derecho a la salud porque no se cambia ni los usos del suelo y se sigue reproduciendo el modelo que ya es cuestionado en varios lugares a nivel nacional”, dijo el ex concejal, que también se encargó de contestarle al ex intendente Miguez: “No conoce, y lo que no sabe es que a los productores rurales cuando se les otorgaron aquellas exenciones durante el año 2015 fue a cambio de un plan de trabajo. Se les exigía un plan de trabajo donde los productores mostraban una voluntad, los recursos y los modos de avanzar hacia un modo de producción orgánica. Tenían que mostrar qué tipo de cultivo iban a trabajar, en qué plazos y con qué tiempos y tenían que además dejar constancia por escrita de esa voluntad”.

El autor de la ordenanza también se refirió a la idea gradualista planteada por Olmedo: “¿gradualismo para qué? ¿Dónde está, que lo muestren, que lo publiciten, el programa de incentivo que tiene el Ejecutivo para promover la agricultura orgánica? Están proponiendo una transición para nada. Lo que debería retomar el Ejecutivo es un proyecto de ordenanza que se trabajó por lo menos hace dos o tres años atrás que era crear un registro de productores orgánicos, ayudarlos con lo que es el proceso de certificación que es algo muy difícil, generar incentivos tributarios locales, ayudar a gestionar en la provincia la solicitud de excenciones en materia tributaria de cualquier impuesto de carácter provincial. No hay ningún plan en el Ejecutivo, y por lo tanto, el gradualismo que proponen no lleva a nada”, explicó.

La gestión Tomei, la gestión Barreto, el Concejo anterior, el Concejo actual. Lo cierto es que la ordenanza 812/12 sigue con una aplicación nula y los que deberían ponerse los pantalones para modificarla o aplicarla se tiran la pelota entre ellos. Ante esto, la solución parece asomarse en la capital provincial: ya tiene media sanción el proyecto presentado por la diputada Inés Bertero, que establece una franja de 200 metros desde el límite cero y la reduce a 100 en caso de existir barrera forestal. De aprobarse, pasaría a regir esta ley y la controvertida ordenanza 812/12 quedaría derogada.