Violencia de género: “Hace falta desburocratizar los trámites, hacerlos simples"

El 25 pasado fue, como cada noviembre, el Día internacional de la eliminación de la violencia hacia mujeres, lesbianas, travestis y trans. Las voces se alzan así contra las violencias ejercidas hacia las mujeres, entre las que la más explícita y terrible son los femicidios. Pero los daños no son solo físicos, además de los golpes existe el control que ejercen los hombres sobre las mujeres, la violencia simbólica, la económica, sexual, psicológica. El hostigamiento con celos, con el control del dinero, hasta con la ropa que se usa. Contra todo eso se exige que el Estado intervenga y garantice derechos, que las instituciones acompañen, y que los profesionales que las conforman estén a la altura de las exigencias.

InfoFunes dialogó con la abogada Luciana Vallarella, una de las tres fiscales de la Oficina de Género del Ministerio Público de la Acusación (MPA), acerca del trabajo en una de las instituciones con competencia a nivel provincial e injerencia en resolver y penar este tipo de violencias, una vez que son denunciadas.

Vallarella remarcó que en la Oficina recaen unas 30 denuncias de violencia de género al día, pero que ese número corresponde a las denuncias formales, y que tantas otras “no necesariamente son delitos no porque no sean un hecho de violencia de género sino porque no está descripto en el derecho penal, además de otra parte que cuando se les pregunta qué quieren que ocurra, esas mujeres no quieren avanzar o iniciar una causa penal”.

Como si fuera poco, ese número también hay que sumarles a “aquellas que habiendo hecho una denuncia, en el medio se retractan y dicen que no quieren más”, señala y cuenta que eso pasa y mucho.

“En la oficina recibimos los delitos que se dan en un contexto de violencia de género, son delitos que tienen escalas de penas menores. Lo abusos, femicidios y tentativas van a las unidades específicas, en la oficina queda el remanente que son la mayoría de los hechos, pero que según el código penal reciben las penas más bajas”, explicó la abogada funense, con trayectoria militante en defensa de los derechos de las mujeres. En su trabajo debe lidiar permanentemente con denuncias por lesiones, amenazas, amenazas con armas, desobediencias a órdenes judiciales o violaciones de domicilio, entre otras.

- ¿Cómo se abordan desde el Estado las denuncias por violencia de género? ¿Alcanza con denunciar?

En la Oficina, de unos años a esta parte estamos un poco mejor organizados, con más recursos y estamos pudiendo dar respuestas más rápidas, nos ponemos en contacto con la mujer de manera rápida, pero pienso que hay cierta ineficiencia en las políticas públicas de acompañar y ser sostén de las mujeres que sí deciden avanzar en una causa penal. Existen políticas públicas pero la mayoría no cuentan con presupuesto suficiente, hay precarización en los empleados, la respuesta entonces no puede ser efectiva, no se da. En la práctica es muy difícil para la mujer romper con eso. Si no pensamos en políticas eficientes y reales, no solamente formales; porque hay mucho de declamación. No dar respuesta redunda en que la mujer no quiera avanzar y generalmente vuelve a vivir con el agresor.

- ¿Cuáles suelen ser las realidades de las mujeres, de los casos que llegan?

A la fiscalía la mayoría de las mujeres que vienen viven en barrios alejados del centro, generalmente no tienen trabajo y tienen hijos. Esto porque las mujeres que tienen más recursos tal vez pueden resolver sus conflictos sin recurrir al Estado. Se pueden ir de la casa, eso ya es una diferencia, tener donde irse, tener una familia donde ir, poder alquilar, eso por lo pronto es un montón y no es lo que les pasa a la mayoría de las mujeres que vienen a la fiscalía.

- La cosa no termina con la denuncia…

Existe los centros de protección, los refugios de mujeres, pero no está pensado qué pasa cuando la mujer egresa de ese lugar. No hay subsidios para pagar pensiones, no hay nada que piense en ese después. Y muchas veces las mujeres se retractan de una denuncia por una cuestión económica. Cuando se piensan cursos o capacitaciones también están atravesadas por la estereotipada de la mujer y que no le van a dar una real independencia económica o una posibilidad de rehacer su vida individualmente.

- Cuál es tu análisis entonces, sobre lo que puede faltar: ¿qué se necesita?

Deben poder pensarse otras formas de acompañar a las familias. Por un lado, hacen falta estas políticas existentes para acompañar a las mujeres que si decidan seguir una vía penal, pero también debemos poder pensar otras respuestas distintas más allá de poner preso al agresor, no todas las mujeres quieren esto, a muchas les trae más complicaciones, porque tienen otras necesidades. En eso el Poder Judicial tiene que poder “salir del edificio” y estar más en contacto con las instituciones que trabajan en el territorio que conocen las dinámicas de las familias. Es poder ser creativos a la hora de dar respuestas que tengan que ver con las realidades de esas personas.

- En los últimos años el tema se ha instalado, y ciertos casos con resonancia mediática han sido un disparador que evidencia la problemática. La denuncia al actor Juan Darthes, acusado de violación por ejemplo… ¿Aumenta el número de denuncias cuando se habla más del tema?

Generalmente aumenta el número de denuncias, sin embargo no creo que sea el problema que las mujeres no denuncien. El tema está en cómo se aborda, cómo el Estado aborda eso que una mujer denunció. La mujer llega, no en el primer hecho tal vez, por lo general es todo un proceso, pero la denuncia llega. El tema es que se hace con eso. No pensar como única respuesta la prisión, porque sí… en los casos más graves sí, pero hay un montón de otros casos en que la respuesta debería ir acompañada de otras acciones.

- ¿Cómo son actualmente estas acciones?

Hay organizaciones que trabajan en los barrios pero siempre van a ser parte, para poder hacer esos acompañamientos y formar como red se necesita también presupuesto y siempre la demanda va a ser al Estado. Lamentablemente no se puede suplir la falta del Estado, y noto una ineficiencia de las políticas públicas de acompañamiento. Hace falta desburocratizar los trámites, hacerlos más simples, los circuitos que hacen las mujeres víctimas son siniestros. Tenemos que pensar otros modos de abordaje, menos violentos, más consensuados, en los barrios, con las instituciones que trabajan allí.

Resulta fundamental la generalización del conocimiento entre profesionales vinculados al tema acerca de las características de los vínculos violentos, de los abordajes y respuestas posibles, para que asesoren a las víctimas de manera correcta y no exijan siempre la denuncia como habilitadora de derechos. El poder judicial tiene que salirse de los límites del edificio, escuchar a quienes laburan el día a día con las mujeres, ser más sensibles a sus realidades y más creativos en las respuestas.

Las denuncias por violencia de género encabezan el ranking en la ciudad

En los últimos cinco años, 97 femicidios ocurrieron en la provincia según informa el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su informe sobre Muertes Violentas intencionales de Mujeres y Femicidios en la Provincia de Santa Fe 2014-2018. Dos de cada tres de esas mujeres fue asesinada por su pareja o ex pareja, en otro 14 por ciento de los casos, fueron muertas por un familiar.

Otro dato a destacar es que las mujeres, mucho más que los varones, mueren dentro de su hogar.

En el informe se indica que el 60 por ciento de los casos ocurrieron en hogares que compartían con el imputado. Las muertes en su mayoría fueron por asfixia, ahorcamiento, incendio, heridas de armas blancas, violencias excesivas o más de un procedimiento para provocar la muerte. 

“Esto habla del ensañamiento que hay para con los cuerpos de las mujeres”, señaló Lucía Ríos, miembro de la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos del MPA en relación a informe presentado. Sobre las víctimas el informe también arroja información: el 14 por ciento eran desocupadas, el 13 por ciento eran amas de casa no remuneradas, otro 14 por ciento eran trabajadoras sexuales. El 50 por ciento no había terminado la secundaria. “Esto habla un poco de la vulnerabilidad de las víctimas”, remarcó.

En Funes, ciudad en la que ocurrió el brutal femicidio de Florencia Chanampa en el año 2013 –en su casa, y a manos de un familiar conviviente-, ninguna otra mujer engrosó la lista de femicidios del registro provincial de los últimos años, pero la violencia se sigue ejerciendo de distintos modos.

Tan sólo en los últimos años se registraron 22 denuncias por violencia de género, otras 4 por abuso sexual y 16 por violencia familiar en el Centro Territorial de Denuncias de calle Angelomé 1845, que funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Estos no son los únicos números, ya que la Comisaría 23 también recibe denuncias así como desde el Programa de Asistencia a Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes que depende del área de Acción Social se acompaña a mujeres que busquen contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género.

El número de denuncias por violencia de género sigue encabezando el ranking de las denuncias recibidas en la ciudad. En Funes, como en la provincia y a nivel nacional, las mujeres seguimos teniendo los mismos problemas. Ojalá tomen nota.

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