Jueves, 17 de Junio de 2021

Imputaron por estafa a un ex funcionario municipal de la gestión León Barreto

Se trata de un ex secretario de gobierno funense que fue acusado por Fiscalía de participar en una maniobra fraudulenta a través de una mutual que ofrecía viviendas, cobraba adelantos y luego no las entregaba. Le prohibieron la salida del país y le impusieron una fianza de 500 mil pesos.
Imputaron por estafa a un ex funcionario municipal de la gestión León Barreto
Miércoles, 09 de Junio del 2021

Un funcionario de la gestión del ex intendente Diego León Barreto fue imputado hace unas semanas por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de una causa por estafa. Se trata de Guillermo Grisolía, quien fue subsecretario de gobierno a cargo de dicha secretaría desde marzo de 2017 hasta marzo de 2018, como parte de una renovación de gabinete que buscó darle aire a la gestión de Cambiemos tras varios tropiezos. 


El hecho data de 2012 pero Grisolía fue imputado recién a principios de mayo de este año. Según explicaron desde el área de prensa del MPA, “el mecanismo tenía que ver con viviendas ofrecidas a personas de bajos recursos donde se les cobraba una suma de dinero por viviendas de la que no se hacía entrega”. En la versión de Fiscalía, la estafa se instrumentaba a través de una mutual llamada “Centro de Cristiano de Ayuda Familiar” y las viviendas ofrecidas se encontraban en el barrio Monseñor Guillermo Bolatti de Rosario. “Es una investigación que aún está en curso pero ya tenemos probado al menos un hecho”, confiaron desde el organismo acusador. 


Consultado por este medio, Grisolia aclaró que solo trabajó en el área legal de la mutual apuntada pero que igual “me presenté y me puse a derecho”. Asimismo, se lamentó porque el tema se haya demorado tantos años en resolverse: “Hubo dos mediaciones prejudiciales que no llegaron a nada en 2017 y desde ahí la fiscalía no había hecho más movimientos”, reveló, dejando además la puerta abierta a la posibilidad de que la causa esté prescripta. Sin embargo, se mostró confiado en que “en los próximos días habrá otra audiencia para darle un cierre al tema con un acuerdo y evitar el desgaste jurisdiccional de recursos”.


En el mientras tanto, tras la imputación, la fiscal al frente de la investigación, Viviana O´Connell, le solicitó al juez Negroni la imposición de algunas medidas como condición para que Grisolía conserve su libertad: una fianza de un millón de pesos, que se le prohíba salir del país y que se le prohíba el acercamiento a la víctima y posibles testigos que habiten en el barrio en cuestión. La defensa de Grisolía rechazó las dos primeras medidas pero aceptó la prohibición de acercamiento. El juez Negroni, sin embargo, le concedió los pedidos a la fiscalía pero redujo la fianza a la mitad del valor y estableció su plazo de vigencia en tres meses.  

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