Galdeano, crítico de la política de seguridad

Los diputados provinciales Julián Galdeano, Gabriel Chumpitaz y Ximena Sola impulsan un proyecto de ley que busca indemnizar a víctimas en casos puntuales en los que se compruebe la responsabilidad del Estado por falla u omisión de su papel como garante de seguridad.

  “Cuando el Estado no responde en tiempo y forma ante reiteradas denuncias por hechos delictivos y de violencia, entonces debería estar obligado a hacerlo como responsable y reparar el daño causado a tanto personas físicas como a comercios e instituciones”.  A partir de esa premisa se construyó un proyecto de Ley impulsado por el diputado provincial por la UCR y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Julián Galdeano.

 “En un contexto social realmente preocupante, con índices de violencia y vandalismo cada vez más elevados, vemos con suma preocupación las enormes dificultades que tiene el Estado para garantizar la vida y la seguridad de los santafesinos”, señaló al explicar el alcance de la normativa que estará direccionada solamente a casos en donde las fuerzas de seguridad no hayan podido dar respuesta, sea tanto por la omisión, un accionar deficiente o por los excesivos rigorismos formales.

¿Cuándo es responsable el Estado?

El proyecto de Ley presentado por Galdeano tiene como objetivo llenar un espacio de vacío legal frente a situaciones críticas en las que, luego de que se hayan reiterado reclamos y denuncias, el Estado no haya podido garantizar la seguridad de personas físicas y jurídicas. “¿Cuántas veces más vamos a ver casos de chicas asesinadas luego de haber hecho respectivas denuncias y no recibir ninguna respuesta? ¿Qué pasa si te atropella un móvil policial o sos víctima de gatillo fácil?” pregunta Galdeano para ejemplificar el alcance de la iniciativa que no apunta, claramente, a robos o episodios violentos ocasionales e impredecibles.

Sin entrar en tecnicismos, el diputado señala que se ha perdido el equilibrio entre el Estado y la sociedad en cuanto al resguardo de su vida y sus bienes, y que el mismo tiene que responder en caso de que su accionar lícito o su falta de servicio resulte en un perjuicio para los ciudadanos.

En pocas palabras, si el Estado no puede asegurar un nivel parejo de seguridad, tiene la obligación de reparar ese daño, y hacerse cargo de este tipo de situaciones que, por su notoriedad, se diferencian de otro tipo de hechos de inseguridad que soporta la población.

 “Oportunamente, se designará un canal a través de la vía judicial para recibir los reclamos y recibir justa indemnización para aquellas víctimas en las que se compruebe que fueron desprotegidas por una clara omisión del Estado en el cumplimiento de uno de sus deberes fundamentales, algo que no existe en la actualidad”, concluyó el diputado.

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