Funes en el registro de abusos de la EPE: un usuario consumió cinco veces el promedio con el subsidio social

La Provincia detectó un esquema de abusos y dio de baja a más de 1.500 usuarios con consumos desmedidos en la Tarifa Social. Hay casos extremos de 7.000 kW con facturas millonarias cubiertas por el Estado.

El Gobierno de Santa Fe profundiza la fiscalización del sistema de Tarifa Social de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), tras detectar abusos y consumos desmedidos. En total, dieron de baja a 1.506 usuarios en la provincia que tuvieron consumos por encima de los 2.000 kW, cuando el promedio de un hogar ronda los 700 u 800 kW.

Los casos más graves que informó la Provincia incluyen 21 usuarios que consumieron hasta 7.000 kW, generaron facturas de más de $17 millones y abonaron menos de $3 millones, obligando al Estado a cubrir los $14 millones restantes.

El caso de Funes expone con claridad el desvío del beneficio. Un usuario con Tarifa Social en Funes consumió 3.897 kilovatios y generó una factura de $880.367. De ese total, solo pagó $19.673, mientras que el Estado cubrió $860.693 con el subsidio.

En el mismo complejo, dos familiares que también accedían al beneficio consumieron en conjunto 10.011 kilovatios, con facturas por $2.272.143. Los usuarios abonaron apenas $77.183 y el Ejecutivo provincial debió cubrir los $2.194.959 restantes.

“Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la Empresa Provincial de la Energía y a quienes realmente lo necesitan”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Los controles recientes sobre la Tarifa Social revelaron consumos muy por encima del promedio: se detectaron 258 usuarios que superaron los 3.000 kilovatios y cuatro casos en Rosario que excedieron los 6.000 kW. En los 82 casos de mayor consumo a nivel provincial, el Estado cubrió más de $52 millones en subsidios, mientras que los usuarios abonaron apenas $6 millones.

“Estos números muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio. Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos”, señaló la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez.

La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro dispuso un esquema de control más estricto, con auditorías permanentes y medidas de modernización. En esa línea, Rodríguez recordó que en los últimos días se avanzó con la compra de 75 mil telemedidores para monitorear en tiempo real los consumos.

El propósito es que la Tarifa Social se mantenga como un instrumento de equidad, garantizando un consumo responsable y evitando que los recursos provinciales se desvíen hacia prácticas que no reflejen la necesidad real de los hogares.

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