Viernes, 27 de Septiembre 2024
Miércoles, 07 de Diciembre del 2016

Seguirán investigando a León Barreto por financiamiento ilegal en el PRO

<p>La causa había sido declarada extinta, pero la Justicia nacional dijo que no prescibirá porque es funcionario. La recaudación de la campaña, en la mira. </p>

En el marco de una causa que investiga al intendente Diego León Barreto, la Cámara Nacional Electoral resolvió que las causas por financiamiento ilegal de los partidos políticos y campañas electorales no prescribirán cuando esté involucrado un funcionario público en actividad.

El máximo órgano judicial electoral del país, integrado por Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, se expresó así en el marco de una causa iniciada en Funes, que en primera instancia había sido declarada extinta por prescripción.

Por ende, León Barreto continuará siendo investigado por la recaudación para la campaña política en la cual puso sus fichas para ser concejal de la ciudad, antes que llegue a la intendencia.

En primera instancia, la Justicia había declarado extinguida la acción sancionadora por considerar que había prescripto, al haber transcurrido un año desde su inicio.

Sin embargo, apelada esa decisión, la Cámara Nacional Electoral tuvo en cuenta hoy que la persona sometida a juicio era concejal al momento del hecho y resolvió que esa condición suspende el curso del plazo de prescripción.

Para resolver de ese modo, el Tribunal consideró que aunque en el caso no se trata de un delito sino de una infracción a las normas de financiamiento partidario, deben aplicarse igualmente los principios y reglas del derecho penal.

En fundamento de su sentencia, los camaristas Dalla Via y Corcuera explicaron que “la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal en el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos, se basa en el afán moralizador y de transparencia en el ejercicio de la función pública respecto de aquellos para quienes existe una mayor rigurosidad en virtud de su vinculación con el Estado”. La causal de suspensión tiene el propósito de “evitar que corra el plazo de prescripción -y por ende su agotamiento mientras el acusado o cualquiera de los partícipes del ilícito siga desempeñándose en la función pública”.