¿Y en Funes? Roldán fue a la justicia a frenar el tarifazo de gas
<p>El intendente Pedretti interpuso una demanda de amparo colectivo ante la Justicia Federal a fin de frenar el aumento.</p>
El intendente de Roldán, José María Pedretti, interpuso una demanda de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Rosario a fin de frenar el aumento de las tarifas de gas dispuesto a partir del 1º de abril. La acción va dirigida contra el Estado nacional (Ministerio de Energía y Minería), el Enargás y la empresa Litoral Gas S.A.
Según informó el intendente al diario La Capital, la intención es que la Justicia Federal ordene retrotraer las tarifas a los valores vigentes antes de aquella fecha, y que tal rebaja beneficie a todos los usuarios domiciliarios y no domiciliarios del municipio, por lo que el pedido abarca a viviendas particulares, comercios, industrias, clubes y demás entidades civiles. La demanda recayó en el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario, a cargo de Héctor Zucchi.
Tal cual lo afirmó Pedretti, se trata de la primera presentación de esta naturaleza en la provincia realizada por un municipio, más allá de la interpuesta por la Multisectorial Rosario.
En la extensa demanda se hace referencia al impacto que las alzas de las tarifas de gas han tenido en los presupuestos familiares, así como en los perjuicios causados en la actividad comercial e industrial y en la afectación de la actividad de clubes y otras entidades de bien común de la ciudad. La presentación incluye una medida cautelar a fin de obtener la inmediata suspensión de los aumentos dispuestos recientemente por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
La presentación judicial incluye el pedido a la Justicia de la convocatoria a una audiencia pública a nivel nacional con el objetivo de que, en ese marco —que impone obligatoriamente la ley que regula la actividad— se pueda debatir públicamente el nuevo cuadro tarifario del servicio “en un marco plural y en el cual todas las partes interesadas estén en condiciones de exponer sus distintas situaciones”. Justamente, la omisión de la previa convocatoria a dicha audiencia es uno de los argumentos para solicitar judicialmente la anulación del nuevo cuadro tarifario.
En el escrito presentado se resalta no sólo lo elevado de las subas de tarifas dispuestas por la resolución Nº 28/2016 del Ministerio de Energía y Minería nacional sino además de que los reajustes fueron implementados sin ningún tipo de gradualidad.
En cuanto a la industria y a los servicios en particular, el pedido hace hincapié en que “más allá del alto impacto en los costos de producción que tendrán las recientes subas en las tarifas luz y en las de gas, otro dato no menor es que en las instalaciones fabriles, de servicios y comerciales el calefaccionamiento requiere del uso creciente de gas o de electricidad”. Y agrega: “No hablamos ya del consumo de gas y electricidad aplicados a la actividad productiva propiamente dicha, sino de que los obreros y empleados puedan trabajar a una temperatura mínimamente saludable, a resguardo de las inclemencias del clima helado que ya se ha instalado en la región”.
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