Urbanizaciones: lanzan "medida de defensa colectiva"

Invocando la Ley 10.000, que permite disponer medidas suspensivas de cualquier resolución administrativa que ponga en riesgo derechos colectivos, la Multisectorial de vecinos de Funes entregó un documento al Ministerio de Medio Ambiente.

"Cuando se trata de iniciativas de urbanización, que alteran el desarrollo de un territorio determinado, y no se toman las prevenciones debidas, se da lugar a la violación o transgresión de normas locales y provinciales que tienden al crecimiento armónico, resintiendo las infraestructuras comunes, el acceso a servicios escolares y de salud, por una mayor demanda y una inadecuada respuesta, por el uso intensivo del suelo, la creciente impermeabilización y el riesgo hídrico que ello conlleva, el deterioro del paisaje y la puesta en riesgo de la flora y fauna local, por la proyección de áreas urbanas en zonas de reserva o de valor ecosistemico y la prestación deficitaria de servicios públicos, por el crecimiento desproporcionado de la población; por lo cual, se hace imperioso que su autoridad disponga de una adecuada y proporcionada respuesta", señalaron desde el espacio.

El ex concejal Mauro Miguez explicó que la Multisectorial "se ampara en una batería de normas nacionales y provinciales, que apuntan a defender la posibilidad de construir un Plan Estrategico entre todos, sin especulaciones, garantizando el acceso de los ciudadanos a la tierra sin impactos negativos sobre la viabilidad futura de la ciudad".

En referencia a las normativas, los vecinos solicitan que "se nos ampare en lo previsto por el Art. 41 de la Constitución Nacional, entendiendo que las autoridades deben propender a proteger y asegurar el derecho a un ambiente sano y equilibrado, a recomponer, si fuese necesario, los derechos lesionados y a tutelar debidamente los recursos y el patrimonio natural y cultural de una comunidad, que es puesto en riesgo, como en este caso, cuando tienen lugar procesos de urbanización sin las debidas previsiones, con un carácter desordenado y extractivo de las capacidades del propio suelo".

Por último, en el comunicado enviado por Miguez se señala que "ante eventuales lesiones a derechos colectivos, nos reservamos el empleo de las medidas de acción colectiva previstas por la Ley 10.000/86, que en su Art. 1 dispone que procederá el recurso contencioso-administrativo sumario contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal o de entidades o personas privadas en ejercicio de funciones públicas, que, violando disposiciones del orden administrativo local, lesionaran intereses simples o difusos de los habitantes de la Provincia en la tutela de la salud pública, en la conservación de la fauna, de la flora y del paisaje, en la protección del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, en la correcta comercialización de mercaderías a la población y, en general, en la defensa de valores similares de la comunidad”.