Barrios cerrados, debate abierto

“Como gobierno, no podemos permitir que la planificación de la ciudad nos la dirija el interés del privado”, dijo hace unos días el intendente electo, Diego León Barreto, en una entrevista que le realizaron para el diario Rosario 12.

Esas declaraciones que casi parecían salidas de la boca de un político de izquierda puede que hayan dejado sorprendido a más de un lector, claro que lo que vino después seguramente los haya dejado sin habla.

Mientas explicaba la irresponsabilidad de aprobar urbanizaciones a las que luego el Estado no puede proveer de servicios y aseguraba que para el corto plazo no iba a permitir siquiera cien metros de nuevas urbanizaciones abiertas lanzó una aseveración que hasta el momento nunca se había escuchado desde los distintos sectores políticos funenses: dijo que si tuviera que elegir un nuevo desarrollo inmobiliario, entre un barrio abierto y uno cerrado, preferiría el barrio cerrado.

Según él mismo lo desarrolló en la entrevista, la explicación de esa preferencia tiene que ver netamente con una cuestión de presupuesto público: “Un barrio cerrado no insume servicios a la ciudad, nosotros como Municipio no le brindamos en contraprestación ningún tipo de servicios, y esos propietarios que vienen a vivir a un barrio cerrado pagan la tasa igual que los que vivimos afuera. Ese dinero es utilizado para poder darle servicio a los que viven en el barrio abierto”, aclaró.

Era obvio que declaraciones así iban a traer cola, y eso fue lo que sucedió en las redes sociales, en donde se amplificó la polémica.

Aprovechando la situación InfoFunes salió a buscar argumentos a favor y en contra del fomento a los barrios cerrados. Un debate que no es menor y que se inscribe dentro de una de las decisiones de Estado más importante que tiene el presente de la ciudad: cómo y cuánto crecer, y a qué costo.

El consumidor ante todo
Juan Felix Rossetti, pionero, reconocido y exitoso desarrollador inmobiliario de la ciudad, se mostró en parte de acuerdo con las expresiones del intendente electo.

“Hoy en Funes los barrios privados están consolidados, y los beneficios están manifiestos: han traído una inversión impresionante, fueron los caldos de cultivo para que la gente se motive a invertir en casas en los barrios, todas esas casas demandan servicios que se van creando en Funes, y todo esto ha derramado… el derrame es que cuando vos motivas a la gente a invertir invierte en Funes, esas familias que se instalaron consumen aquí y motivan a otra gente a crear emprendimientos como heladerías, servicios de remis, y demás. Y motiva también a invertir, porque muchas de esas familias han puesto locales comerciales en Funes que generan empleo; el derrame viene por ahí. Los barrios cerrados y los otros también han aportado un montón de esto”, expresó.

Una eterna queja que siempre ha levantado Rossetti es, justamente, la ventaja que León Barreto encuentra para preferir a los barrios cerrados. “La Municipalidad les cobra a los barrios privados una tasa igual o más alta que al resto de los inmuebles y el servicio que les presta es ínfimo, adentro de cada barrio la administración es la que se encarga de brindar los servicios. Yo te diría que hoy a groso modo los barrios deben estar aportando cerca de un millón de pesos por mes de tasa municipal, y con 300 mil pesos bastaría por los servicios que nos dan”.

Sobre la concepción que ve a los barrios privados como promotores de la fractura urbana debido a la obstaculización de la trama urbana se mostró en total desacuerdo.

“Es una falacia, primero los barrios son como un edificio, en un edificio vos no te metes por los pasillos, es lo mismo solo que el pasillo tiene calles. Y existen por falencias del gobierno, ¿o te crees que la gente se pone contenta de pagar una expensa mensual que le encarece el costo de vida? Pero está pagando por servicios que no da el Estado, si el Estado daría la seguridad que todos pretenden, que su pasto este cortado, que cuando tenés una queja te la escuchen y te la resuelvan entonces no existirían los barrios cerrados”.

Por un urbanismo social
Mauro Miguez, concejal por la UP, se mostró plenamente en desacuerdo con el planteo de Barreto. “Es errónea la lectura porque plantear que la ciudad se ahorra la prestación de servicios en estos barrios es generar la idea de que el que vive en los barrios cerrados no transita por la infraestructura de la ciudad, no lleva a sus hijos a los efectores públicos de salud, no circula por la ciudad siendo asistido por su servicio de seguridad, no va a la biblioteca pública, a los talleres de la casa de la cultura. Creo que el intendente electo tiene una idea de servicios muy Pro, que es la de alumbrado, barrido y limpieza, y se olvida de los otros servicios básicos esenciales, que son la salud, la educación, recordemos que Funes es el único municipio de pequeña escala en Santa Fe que presta servicios de salud con cuatros efectores, tiene un servicio de vigilancia y patrullaje desde hace más de 15 años y tiene una enorme traza de infraestructura que tiene que mantener también y que los residentes de los barrios privados también utilizan. Por lo tanto esa visión es recortada”, se explayó.

Y también agregó: “La urbanización mediante barrios privados es propia del neoliberalismo, durante más de 15 años el neoliberalismo impuso en Argentina esa estrategia de urbanización que más allá de que pudo haber tenido consecuencias positivas en términos de lo que es generación de empleo local o movilización de inversiones, tuvo consecuencias críticas para la estructura urbana de la ciudad, porque la realidad es que a 15 años después no encontramos con un proceso de urbanización de Funes con una fuerte segmentación, con una ruptura del tejido social y urbano. Hay que ir eliminando esas barreras urbanas que plantearon los barrios cerrados porque la realidad es que cuando aparecen barreras urbanas desaparece la ciudad. Nosotros planteamos una ciudad en donde todos los funenses tengan acceso a ella, un urbanismo social”.

Miguez fue más allá y planteo la prohibición al desarrollo de nuevos barrios cerrados. Propuso por el contrario “pensar en urbanizaciones abiertas donde el Estado municipal tenga presencia, garantizarle al inversor y al empresario que quiera participar de esas urbanizaciones seguridad jurídica, hay que garantizar y planificar; y me parece que hay que poner en marcha un consejo de planificación urbanística en la ciudad con los mejores profesionales que tengamos para poder pautar cómo y hacia dónde va a crecer la ciudad, que infraestructura se le va a dar, cuantas escuelas, cuantos centros de salud, y consolidar la trama urbana existente”.

En contexto
No hay dudas de que el desarrollo de los barrios privados generó inversiones que “derramaron” hacia toda la ciudad mejorando su producto bruto y generando puestos de trabajo. Lo muy discutible es el hecho de afirmar que todo esa inversión fue fruto de los barrios privados cuando el proceso de radicación de rosarinos en las localidades de su conurbano, en búsqueda de una vida más tranquila y terrenos más baratos, no tiene tanto que ver con los barrios privados, sino con un movimiento migratorio mucho mayor que se hubiera dado igualmente con o sin barrios privados, de la misma forma que sucede en muchísimas grandes ciudades de nuestro país y el mundo que expulsan pobladores.

También es cierto que las tasas no son impuestos sino que exigen contraprestaciones que deben servir para pagar los servicios que el municipio presta. Pero no menos cierto es que desde hace ya varias décadas los municipios han ido haciéndose cargo de una serie de servicios que acrecientan sus responsabilidades. Entonces, no parece atinado exigir que el Municipio cobre tasas que solo alcancen para mantener el alumbrado, el barrido y la limpieza cuando sus responsabilidades son mucho mayores que antaño aunque sus ingresos no lo son tanto.

Suele afirmarse, para justificar la existencia de barrios cerrados como tantas otras cosas, que estos estén porque hay consumidores que lo demandan, como cualquier producto que hay en la góndola del supermercado. Claro que si la ciudad decide que estos barrios son perjudiciales para el desarrollo urbano de una ciudad que pretende ser una comunidad integrada, tranquilamente puede prohibirlos por más que haya gente deseosa de consumirlos.

Si nos guiáramos solo por el deseo del consumidor quizá tendríamos que habilitar la venta de algún estupefaciente en los supermercados. Es para pensarlo. Este tema, como tantos otros que pueden modificarle la vida a la gente, exige definiciones a futuro, y esas definiciones se toman en conjunto, deben tomarla los representantes políticos elegidos por la ciudadanía en diálogo con sus representados. Es el Estado quien debe analizar la temática y determinar qué cosas son beneficiosas y cuales son perjudiciales, determinar si unos pesos más en el presupuesto de hoy no será hambre para mañana. Por suerte nuestra normativa obliga a que las urbanizaciones sean aprobadas o desechadas en el ámbito estatal en donde más pluralmente están representadas las opiniones de los funenses, en el Concejo. De paso, sería bueno que se pensara en un proyecto de ciudad que se transforme en una guía a futuro, donde se establezca qué si y qué no, cómo y cuánto. Los tiempos de la ciudad lo demandan.