Domingo, 22 de Diciembre 2024
Reserva fiscal: Cruce entre el Ejecutivo y el Concejo
Los ediles convirtieron en ordenanza un proyecto del bloque riminista que fija otro destino para la reserva fiscal de los barrios Funes City y Funes Town. El Municipio adelantó que la vetará.
Tras un tratamiento sobre tablas, el Concejo convirtió en ordenanza un proyecto del bloque riminista donde define el destino de la reserva fiscal de los barrios Funes City y Funes Town. La votación se dio tras conocerse que el Ejecutivo notificó a la firma Gilli Inmobiliaria dos resoluciones, compuestas de dos expedientes cada una, referidas a los barrios Funes City y Funes Town donde les ofreció a los desarrolladores dos opciones de cumplimiento de la reserva fiscal para cada loteo.
El anuncio de la resolución del Ejecutivo se hizo público a través de una gacetilla enviada a los medios de comunicación y los ediles se enteraron el mismo martes a la noche, minutos antes de comenzar la habitual reunión de comisión. Desde la oposición se sorprendieron. No esperaban la jugada del oficialismo. No obstante, prefirieron aguardar un días más, hasta el miércoles, para ver si el Ejecutivo enviaba la resolución al recinto para que el Concejo la convierta en ordenanza.
De todos modos, el martes le dieron despacho de comisión a un proyecto de la bancada riminista (Horacio Rímini, Abel Otaño y Eduardo Casim) que planteaba un destino diferente a la reserva del City y el Town.
Finalmente, la resolución del Ejecutivo no fue enviada al recinto y hubo quorum para tratar sobre tablas la iniciativa del riminismo. Ausente con aviso el edil Mauro Miguez, el proyecto se aprobó y convirtió en ordenanza con cuatro votos positivos y uno negativo. El bloque Funes Mucho Mejor se dividió a la hora de levantar la mano: Adrián Sánchez acompañó a sus tres correligionarios y Claudio Herrero optó por mantener los brazos en baja. Atento, seguía la votación un grupo de fiduciarios de Funes City.
En teoría, la flamante ordenanza debe ser promulgada por el Ejecutivo, pero los funcionarios ya adelantaron que la vetarán porque "lesiona el interés comunitario, vulnera el ordenamiento legal vigente y pretende condicionar las decisiones tomadas por el gobierno provincial y municipal para ordenar el desarrollo de la ciudad".
El proyecto aprobado por los ediles sostiene que los desarrolladores deben transferirle al Municipio dos terrenos de 2.500 m2 cada uno (uno en cada loteo) donde los privados deberán construir e instalarán sendas plantas de ósmosis inversa y sus respectivas obras complementarias que proveerán de agua potable a esos emprendimientos y a otros barrios fuera de ellos, situados en sectores del oeste y del este de la ciudad.
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