Domingo, 24 de Noviembre 2024
Los diputados convirtieron en ley la emergencia en seguridad para la provincia
La emergencia en seguridad ya es ley en la provincia de Santa Fe. Ayer la Cámara de Diputados le dio el punto final a la iniciativa surgida hace un par de meses de los senadores del peronismo.
La emergencia en seguridad ya es ley en la provincia de Santa Fe. Ayer la Cámara de Diputados le dio el punto final a la iniciativa surgida hace un par de meses de los senadores del peronismo y desempolvada al calor del escándalo por la detención del ex jefe de la policía Hugo Tognoli. La norma, entre otras medidas, habilita al Poder Ejecutivo a reestructurar sus recursos y disponer lo necesario para organizar a la policía de la provincia en unidades territoriales más pequeñas, crear órganos especializados, instaurar responsables por distritos de seguridad y fomentar la participación ciudadana en la selección de las autoridades de la fuerza.
La ley ya había tenido el visto bueno de los diputados el pasado 1º de noviembre, pero el 6 de diciembre el gobernador Antonio Bonfatti vetó 12 de los 16 artículos de la norma y la envió de vuelta a la Legislatura con un veto propositivo. Es decir, propuso una enmienda (otro texto) a los artículos vetados. Entonces el Senado aceptó ese veto y la enmienda, tras lo cual reenvió la iniciativa a Diputados que ayer, con 23 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones, le dio sanción definitiva.
A favor votaron el Frente Progresista, el PRO, 100 por ciento Santafesino y el bloque peronista de Producción y Trabajo. En tanto, votaron en contra el obeidismo y el bloque de María Eugenia Bielsa; y se abstuvieron algunos legisladores del Movimiento Evita y del Frente para la Victoria.
De acuerdo al proyecto aprobado, el Poder Ejecutivo podrá reestructurar la policía en unidades operacionales más pequeñas a las regionales conocidas hasta el momento e incorporar responsables distritales de seguridad. También establece un nuevo régimen de ascensos y concursos, la entrega de datos sobre actos delictivos al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) para su publicación en la página web del organismo aumentando de este modo la transparencia de los actos de gobierno; y también impulsa sanciones administrativas severas para los casos de incremento patrimonial ilícito por parte de los uniformados.
En otra parte de su redacción, la ley prevé la creación de un fondo especial de Asistencia a la Seguridad Pública constituido por el diez por ciento de lo recaudado por el impuesto de Sellos en módulos tributarios a cuyo efecto su valor unitario se establece en diez centavos. Autoriza también al Ejecutivo a ampliar en 4 mil el número de cargos de la planta de personal permanente de la policía provincial, los cuales una vez adquirida la capacitación y formación pertinente cumplirán funciones preventivas en comisarías y lugares públicos, debiendo implementarse los mecanismos financieros necesarios en el presupuesto vigente para la incorporación de esos agentes.
La ley, además, habla de soluciones habitacionales para la policía y la conformación de un equipo multidisciplinario de contención y asistencia al personal víctima de accidentes o hechos violentos vinculados al servicio, como así también a su familia.
Uno de los artículos vetados por el Poder Ejecutivo fue el que refería al inmediato pase a disponibilidad de todo aquel personal jerárquico de la fuerza que estuviera bajo investigación judicial. De ser así, muchos de los integrantes de la actual cúpula de la policía deberían dar un paso al costado. En este sentido, desde el gobierno se dijo que tal disposición interfería con su esfera exclusiva de acción.
Ayer, después de la votación, todos los sectores argumentaron al respecto. Los justicialista Bielsa y Mario Lacava pusieron el acento en que "si la ley votada antes del veto avanzaba sobre las prerrogativas del Ejecutivo; el gobernador al sustituir el texto por otro totalmente diferente estaba legislando. Es decir, supliendo la función del Poder Legislativo. Avanza en materia ajenas y permanentes pese a que es una ley transitoria cuya duración se fija en 18 meses. ¿Qué pasará con esas cuestiones permanentes cuando esta ley pierda vigencia?", se preguntó Bielsa, quien puso en duda la constitucionalidad de la ley.
Más tarde el diputado radical Santiago Mascheroni recogería el guante y argumentaría acerca de la constitucionalidad de la ley "para que los diputados con dudas se queden tranquilos", explicando que al haber partido la iniciativa del Senado y al haber aceptado esa Cámara el veto propositivo devuelto por el Ejecutivo no se había avasallado la prerrogativa legislativa de las Cámaras.
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