Domingo, 24 de Noviembre 2024
Un proyecto de ley busca prohibir la venta de pirotecnia en Santa Fe
Cerca de las fiestas, la Cámara de Diputados debate sobre los alcances del uso, tenencia y acopio particular de fuegos artificiales. La iniciativa apunta incluso contra artículos de comercio libre. Sólo prevé permisos para actos masivos. Críticas de los fabricantes.
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El uso, o mal uso, de la pirotecnia se debate cada año, sobre todo cuando se acercan las fiestas de fin de año y su venta se masifica. Ahora, la Legislatura santafesina debate en la comisión de Comercio e Industria un proyecto de ley que directamente propone prohibir en toda la provincia la utilización, tenencia, acopio, exhibición, circulación, fabricación para uso particular y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería, sean o no de venta libre o fabricación autorizada. Y la única excepción que contempla son los espectáculos masivos o fechas específicas, para los cuales habrá que contar con una autorización.
La iniciativa puso en alerta a la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales. El secretario de la entidad, Hernán Antonini, consideró que, "más allá de las buenas intenciones, la normativa fomentará la circulación de material clandestino y menos seguro" y recordó que "en Santa Fe existen fábricas que producen estos materiales con autorización de Renar (Registro Nacional de Armas) y que tienen una tradición de más de 80 años en la zona".
El proyecto ingresó durante la primera semana de noviembre a la Cámara de Diputados y fue presentado por Silvia De Césaris, integrante del bloque Producción y Trabajo (Frente para la Victoria). Plantea, sin medias tintas, la prohibición del uso, tenencia, acopio, exhibición, circulación, fabricación para uso particular y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería, sean o no de venta libre y fabricación autorizada, lo que incluye los llamados cohetes, petardos, rompeportones, bombas de estruendo, cañas voladoras, fuegos de artificio, luces de bengala y cualquier elemento similar que produzca combustión y pueda ser inflamable.
De hecho, en Casilda sólo se podrán comprar y usar esos elementos en Navidad y Año Nuevo (ver página 4)
La única excepción que contempla el proyecto de De Césaris son los espectáculos con fuegos artificiales masivos y la conmemoración de hechos o días especiales, aunque en estos casos también deberán contar con una autorización temporaria que otorgará la autoridad de aplicación (que dependería del Ministerio de Seguridad provincial) en base a parámetros a establecer.
"No es un proyecto para regular el uso de la pirotecnia porque el daño no se regula. No podemos hacer una ley para regular el daño. Es una ley a favor de la salud", dijo De Césaris. Días atrás, la legisladora presentó públicamente su iniciativa en una conferencia de prensa en la capital provincial, junto a un concejal santafesino que presentó un proyecto de ordenanza similar.
En principio, el proyecto fue presentado en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. Luego pasó a la de Comercio e Industria, donde llamarán a fabricantes y vendedores.
"Es llamativa la repercusión del proyecto. Las organizaciones médicas se manifestaron en contra de la pirotecnia. Y no estamos hablando de cerrar las fábricas y dejar a la gente sin trabajo, porque esas empresas no viven de lo que venden los 24 y 31 de diciembre", argumentó la legisladora.
Los riesgos de incendios, ruidos molestos, daños materiales, lesiones graves y, en muchos casos, la muerte de las personas y animales, son los fundamentos principales que plantea la iniciativa. Y, en esa línea, agrega que "los profesionales de la salud son casi unánimes al afirmar que la pirotecnia es peligrosa".
Aunque reconocen "las buenas intenciones del proyecto", las autoridades de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales plantearon que "la peligrosidad de la pirotecnia está en el mal uso que se hace, son problemas de conducta que hay que corregir porque prohibir la actividad lo único que fomenta es la circulación de pirotecnia clandestina y menos segura".
A eso se suman las consecuencias directas que la prohibición puede tener sobre las fábricas que funcionan en la provincia.
"Es una zona donde hay una tradición de más de 80 años en la fabricación, como Alvarez y Piñero, donde existen fábricas habilitadas por el Renar y que cumplimentan todas las condiciones de seguridad exigidas", indicó el secretario de la cámara, y estimó que "son unas mil las familias que viven de esa actividad, sin contar la distribución y comercialización".
Para Antonini, la aparición de material clandestino ante la prohibición "es automática". Y agregó que "ya se demostró cuando cerraron fábricas que no cumplían con las normas que esos mismos empleados empezaban a producir en forma clandestina, más barata y con materiales de menor calidad e inestables, lo que pone más aún en riesgo a la población".
La entidad ya envió dos notas a la Legislatura pidiendo que la sumen al debate. "Parece que hay una posición cerrada que deja de lado todos esos factores", consideró Antonini.
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