Contraveto a la planta de ósmosis inversa
El Concejo rechazó el veto del Ejecutivo y abrió otra instancia. En estas condiciones, la planta debería construirse en Villa Elvira. Vecinos hicieron sentir su disconformidad.
Ante la presencia de un grupo de vecinos del barrio Villa Elvira que hicieron sentir su disconformidad, el Concejo aprobó el rechazó al veto del Ejecutivo y lo conminó a la construcción de la planta de ósmosis inversa, en el predio ubicado en Casilda y Las Rosas. La sanción se logró con el voto positivo de los ediles radicales Horacio Rímini, Eduardo Casim, Abel Otaño, y el peronista Mauro Miguez. En tanto, los oficialistas Adrián Sánchez y Claudio Herrero no acompañaron la iniciativa.
Cinco vecinos que viven las adyacencias a la zona se presentaron en el recinto y discutieron con los concejales que aprobaron el proyecto. Argumentaron que la planta se debería levantar dentro de los límites del barrio abierto residencial Funes City, porque los emprendedores tendrían la intención de resolver el conflicto de esa manera. Asimismo, sostuvieron que tienen el plan de reforestar el campo. Esa idea está en consonancia con la del Ejecutivo de entenderlo como un "punto de contacto con la naturaleza, el encuentro social y el ocio urbano, recibiendo el respaldo de la comunidad del barrio", tal cual se afirmaba en el veto, instancia previa a la que se aprobó el miércoles.
El documento del Legislativo fue elaborado por el edil Mauro Miguez, que en un principio lo presentó con carácter de minoría, pero después fue avalado por todo el bloque riminista, para convertirse en el proyecto de la mayoría, finalmente sancionado. Argumenta el concejal peronista que los fundamentos del veto del Ejecutivo "resultan improcedentes, por organizarse en torno a supuestos inadecuados y potenciales acciones". Para Miguez, las "eventuales negociaciones" con emprendedores por la cesión de un predio alternativo no constituyen "cosa firme y formalizada".
Asimismo, considera que la superficie desafectada (2.500 metros cuadrados de un total de 12 mil m2 que posee el predio) "no afecta el derecho a la recreación y el esparcimiento de los ciudadanos, sino que se constituye en una oportunidad para recuperar los 9.500 m2 restantes".
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