Plan Regulador: 30 años de un proyecto ideológico y político

Se cumplen 30 años de un proyecto político, que es hasta hoy, el proyecto urbanístico más importante que tuvo la ciudad: su Plan Regulador.

Decimos que la Ordenanza 288/85 es un proyecto político, porque no hay urbanismo sin fundamento ideológico, y por lo tanto, construcción política: actores disputando poder sobre el modo en el que definen las formas de la convivencia colectiva, las reglas de ordenamiento del suelo, la distribución de los beneficios que surgen del vivir juntos, y, sobre todo, una directriz de futuro, una matriz de valores que se eligen para impulsar a la ciudad hacia adelante.

Esa directriz debe ser potente, debe convocar al trabajo, por lo cual, un discurso ideológico debe sintetizarla, no estar atada en el aire, sino, a un proyecto político, a un bloque histórico de actores que quieran movilizarse, a un liderazgo que la enuncie y que tenga claro que deberá poner en movimiento a la sociedad, porque será parte de un proceso en el que si bien es imprescindible lograr acuerdos mayoritarios, las disputas de poder, las confrontaciones por la distribución de beneficios sociales, y por el control de las influencias en las instituciones que toman las decisiones, serán cruciales.

Y es crucial, tanto que es una claudicación pensar  que planificar es solo un proceso técnico: pedir recomendaciones, elaborar diagnósticos y puntualizar posibles reformas. La técnica, es así, no se sustrae a la ideología, y mucho menos a los decisores políticos. Quien selecciona a los técnicos, los selecciona por su posicionamiento, por afinidades en la construcción de determinadas soluciones. Entonces, quienes demoran las decisiones de planificación estratégica relevantes, como por ejemplo, la de las formas que se eligen para urbanizar, con argumentos de “esperar” consejos técnicos, no están haciendo más que patear la pelota fuera del campo. Se están excluyendo de la disputa de poder, conscientes de que no pueden tercear, porque no tienen un visión más o menos elaborada (no por ello acertada) de la vida urbana, de lo urbano en si, como hecho político, ideológico, y cultural.

Cuando no está esa visión, hay otras cosas que fallan. La cultura institucional, la orgánica de las fuerzas políticas, que no debaten nada, o que compran debates enlatados o se pierden en agendas “de arriba”, pero no ponen el cuerpo en las pequeñas disputas acerca del territorio en el que viven. Cada ciudad debe darse su propia atmosfera ideológica, y permitirse construir pensamiento social, debatir, debatir y debatir, pero hacerlo sabiendo que no se trata de “formar mesas” donde todos se sienten a “tratar de llegar a acuerdos” a todo costo. No siempre son posibles esas mesas y esos acuerdos a todo costo, dado que hay contradicciones que si conviven en un mismo cuerpo, lo hacen pedazos. Es por eso, que democracia es una lógica de mayorías, y esas mayorías, antes de ser electorales, deben ser ásperamente logradas, discutidas, acordadas y digeridas. Todo cambio, antes de ser político, es cultural, debe lograr formar una nueva conciencia política, un discurso, nuevas prácticas de participación que son actitudinales, que deben ser habituales y no solo un par de “técnicas” de taller, juego de roles y diagnósticos de grupo, dado que esas técnicas solo asisten a un proyecto.

Sin proyecto, y sin un proceso de elaboración, que se logra en el diferendo político, en una militancia incomoda, porque está atenta y se está formando, los grupos corporativos toman el control de “las mesas”, y si estas no están, juegan su influencia en los espacios institucionales de decisión, para provocar reformas a su favor, lo cual va a acompañado de un intenso trabajo para producir “un discurso favorable” a sus intereses en la opinión publicada. De allí, la importancia del trabajo político, de la cultura de la formación política que debe ser intensificada, de manera tal que los vecinos, puedan discutir mano a mano los fundamentos de cualquier norma, y entenderla: que nadie les diga que eso, es cosa de los técnicos.

El Plan Regulador no es cosa exclusiva de técnicos. Es un proyecto político arduamente discutido, durante treinta años. Empezó a hacerse cuando se empezó a aplicar, como plan proceso, como dice en su letra. No fue una cuestión de ingenuidad que sus autores concibieran esta idea de proceso gradual de construcción: entendieron que toda norma, necesita de políticas públicas y de actores que la lleven adelante. Y comprendieron, que estaría sujeto a cambios, que vendrían las dificultades, dadas por el choque de intereses. Este Plan, la matriz urbana de la ciudad, el modo en el cual los funenses de los 80s se pensaron a sí mismos para vivir como Municipio, tuvo su discurso ideológico: una ciudad “jardín”, la organización funcional del territorio y su distribución en secciones especiales: área residencial, quintas, área de implantación industrial y equipamiento, núcleos de preservación patrimonial y espacios vacantes pensados para reserva ambiental. 

Los “valores” del urbanismo de nuestro Regulador, se consagran en la adecuada distribución de las funciones del territorio, para preservar una matriz que los autores y actores que lo construyeron consideraban vitales, y por ello, parte de nuestra identidad: todo lo que se va a “hacer” sobre el suelo de la ciudad, desde comerciar, producir, edificar, intercambiar y habitar, no debe hacerse en desmedro del perfil de ciudad preponderantemente residencial: baja densidad poblacional, lotes relativamente espaciosos, líneas de retiro, conservación del centro de manzana y con ello, factores de ocupación del suelo restrictivos del avance del concreto sobre el suelo disponible. Se “lee” en este plan, que la cuestión del suelo disponible, es vital: el proyecto de la 288, entiende que debe reservar para el “goce común” toda la tierra fiscal disponible posible, porque esa es la garantía de una mayor calidad de vida en el futuro, “sabe” que se necesitaran construir en esa tierra publica, dispensarios, comisarias, escuelas o vivienda social.

Como vimos, hubo una orientación ideológica en ese Plan Regulador, una idea fuerza que empujó hacia adelante. Aun así, los proyectos políticos para realizarla, o generalizarla, o bien, no acumularon suficiente legitimidad, o fueron abiertamente contrarios a la dirección que marcaba. Y si bien, no es ilegitimo que fuese modificado, porque así fue en estos 3o años, una oleada de reformas que se inició en 1998, y tuvo sus puntos de culminación en los años 2000 y 2008, gestaron en su interior una contradicción que lo estalló: ¿Cómo convive la ciudad residencial, abierta, con continuidad de traza y reserva fiscal y tierra publica resguardada, con el modelo de urbanización que proponen los barrios cerrados y el achicamiento de la reserva fiscal en tierra, que ahora se canjea por obras o dinero?.

Las fuerzas políticas que gestaron las modificatorias, no concibieron las tensiones que los cambios normativos introducirían. Son responsables, sobre todo, por no socializar esos cambios, por no convocar a construirlos, a entenderlos, y con ello, a hacer posible políticas públicas para atenderlos: ¿con que herramientas se iba a dar respuesta a las necesidades de toda la gente que venía a vivir con las modificaciones gestadas? ¿Cómo se hacía para que esa gente conviviese, en un espacio público de mayor calidad? Decir, claro, que no hubo intentos de procesar esos cambios con beneficios para las mayorías, es injusto. En 2006, se dio lugar, tiempo y capital institucional para debatir un Plan Estratégico con una mirada integral. Se convocó a la gente y a las organizaciones y se diagnosticó con aval técnico.

Faltó, claramente, lo que señalábamos al comienzo: un proyecto político con una ideología sintetizadora que se hiciese cargo de la voluntad para realizarlo, junto a todos los actores movilizados. Se cayó, y tras de sí, se abrió una nueva etapa de loteos muy acelerada, que desarticulo del todo los núcleos del plan urbano: se deterioró el espacio público común, la accesibilidad a servicios, se achico la tierra publica disponible y creció la densidad poblacional junto con la privatización de los usos del suelo y la ruptura de la continuidad urbana. Una ciudad, partida en varios lugares, muy lejos de los usos funcionales originales, sin áreas productivas consolidadas y con sus áreas naturales en riesgo, por el avance de la impermeabilización del suelo y las áreas edificadas.

Treinta años después, el Plan Regulador está en su encrucijada. Posiblemente, la ciudad que concibió, no sea completamente la que definió en sus disposiciones. Es lógico, en parte, porque los cambios en la región, han motivado que Funes deba discutir su perfil ampliamente, dado que recibió a miles de ciudadanos que van trasformando sus instituciones, su cultura y la forma de sus relaciones sociales. ¿O pensaron que los movimientos demográficos incrementan solo la población de la planta urbana? No basta ya con decir que somos una localidad residencial y de servicios, porque esa enunciación, desnuda que los referentes que lo repiten están ignorando cambios sociales y culturales profundos: nuevos sujetos, nuevos intereses y una profunda disputa por ampliar los derechos a la ciudad en la que se eligió vivir. Disputa, que muestra que ese derecho a la ciudad que los urbanistas definieron en los años 60s, no es solo una carta de derechos formalmente escrita: es un proyecto político que exige determinación ideológica, voluntad de poder para mejorar la vida de las mayorías, liderazgo y formación constante para conformar un bloque histórico, social y cultural, un acuerdo posible para darle a la ciudad la idea fuerza que le permita caminar en el futuro.

Cuanto más no sea, que le sirva para caminar.

Lic. Mauro Miguez Peisel
Concejal de la ciudad de Funes