Un exjefe del Comando de Funes quedó involucrado en una oscura trama de corrupción policial en Rosario
Fue acusado de formar una asociación ilícita que inflaba los montos del combustible junto a otros jerarcas policiales. Estuvo en Funes hasta junio de 2024.
El exjefe del Comando Radioeléctrico de Funes, Adrián Bahl, quedó bajo la mira de la Justicia al ser señalado como parte de una asociación ilícita que adulteraba cargas de combustible para desviar fondos dentro de la Policía de Rosario.
La investigación, encabezada por el fiscal Luis Caterina, destapó una serie de graves irregularidades en el manejo de los recursos que, según lo actuado hasta ahora, habrían comenzado desde la llegada de Daniel Acosta a la Jefatura de la Unidad Regional 2 el 31 de mayo de 2023.
Desde allí, Acosta junto a su colaborador y jefe de la secretaría privada, Rodrigo Sebastián Domínguez, ordenó a los jefes de sección —entre ellos Bahl, que entonces estaba a cargo de Caballeriza y más tarde dirigiría la Sección Perros de la UR II— "generar dinero con las cargas de combustible" como una condición sine qua non para que pudieran conservar sus cargos.
El procedimiento era sencillo: la maniobra consistía en sobrefacturar cada carga de combustible con dos o tres litros de más, usar móviles fuera de servicio para “cargas fantasma” y cobrar nafta Premium cuando en realidad se cargaba común. Todo pasaba por un “encargado de carga”, la persona que centralizaba las tarjetas y hacía las operaciones en una única estación de servicio que aceptaba el arreglo. Esa diferencia se convertía en efectivo y subía por la cadena de mandos, quincena tras quincena.
Durante meses, la estructura funcionó sin sobresaltos. Cada litro inflado alimentaba una recaudación paralela que, según las primeras auditorías, superó los 60 millones de pesos. La trama estalló tras 38 allanamientos en Rosario y la región, donde se detectó el uso fraudulento de las tarjetas Visa Flota destinadas a abastecer patrulleros.
De este modo, la caída del sistema terminó arrastrando también a Adrián Bahl. El exjefe del Comando Radioeléctrico de Funes —que tuvo dos gestiones entre 2020 y 2024 y que incluso vecinos llegaron a reunir firmas para que se quedara en la ciudad— quedó directamente asociado a la estructura delictiva, ya que era el jefe de la sección Caballería y Perros.
Según la fiscalía, Bahl participaba del esquema como uno de los jefes que respondía a las órdenes de Acosta y Domínguez para “generar dinero”. Por eso hoy afronta imputaciones por asociación ilícita como miembro, peculado de caudales públicos y defraudación agravada contra la administración pública, en carácter de partícipe primario.
Su caso fue uno entre muchos. La causa avanzó en dos etapas: la primera, en julio, con la prisión preventiva de tres jefes clave, Gerardo Ramírez, Rodrigo Domínguez y Juan Villordo. La segunda, tras los allanamientos, con la detención de Daniel Acosta y de exresponsables de Logística, Motorizada, Infantería y el Comando Radioeléctrico. Entre ellos, Fabián Becerra, Roberto Blanco, Nicolás Cuesta, Héctor Saucedo, Diego Sandoval y Diego L.
A esa lista se suman otros funcionarios señalados por integrar la red, como Juan H., Darío F., Edgardo R. y Roberto Sandoval.
La causa generó un fuerte cimbronazo institucional: tras destaparse las maniobras, el gobierno provincial intervino por 90 días la Unidad Regional II y desplazó a su cúpula. En reemplazo del detenido Acosta asumió como interventor el comisario general Claudio Romano, mientras que el vicejefe Mariano Gobi continúa en funciones.
El avance de la investigación mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad del área metropolitana, donde se esperan nuevas medidas judiciales. En Funes, el caso reavivó la discusión sobre los controles internos y la transparencia en la estructura policial que opera en la región.
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