Sin barreras ni casillas: cómo sería el nuevo peaje que se instalaría en la Autopista entre Funes y Roldan

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En el decreto 196/2025 que Javier Milei firmó este martes a la mañana para modificar la Ley Nacional de Tránsito se incluyó también una modificación sustancial al régimen de peajes. El gobierno estableció allí un plazo para que todos los peajes en rutas nacionales del país pasen a tener el sistema free flow, que lee la patente del auto que pasa y carga el peaje a una cuenta única.

La idea, según explicó el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, es no interrumpir el tránsito y permitir así ahorrar costos, tiempo, combustible, frenos y otros recursos.

El cronograma establece tres fechas importantes: para el 31 de diciembre de 2025, todas los peajes de las rutas nacionales deberán contar con el sistema de cobro automático Telepase; para el 31 de diciembre de 2026, al menos un 50% ya deben contar con el sistema free flow, que lee patentes; y para el 30 de junio de 2027, todas los peajes de rutas nacionales deberán cobrar exclusivamente con free flow.

La posibilidad de un peaje en el tramo que recorre Funes y Roldán de la Autopista Rosario-Córdoba surgió hace unos días, cuando el Presidente oficializó la privatización de Corredores Viales. Se trata de una empresa estatal que controla la arteria nacional, además de 6 mil kilómetros de ruta en todo el país. 

Lógicamente, esa medida implica que esos 6 mil kilómetros sean concesionados a empresas privadas para que los administren y, para que el negocio sea rentable, surgirán nuevos peajes. Allí nació la posibilidad de que uno de esos nuevos peajes se coloque a la altura de Funes, dado que es uno de los tramos con mayor tránsito diario. Sin embargo, la información aún no está confirmada.

Según explicó Nación, la privatización se justifica a partir del déficit operativo que tenía la empresa de alrededor $142 mil millones solo en 2023. Además, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló que el 45% de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado crítico, con contratos de obras paralizados y atraso tarifario por lo que era necesaria la apertura para que “el sector privado encuentre mejores mecanismos”.

Asimismo, desde el gobierno afirmaron que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios.

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