Pullaro planea cambiar el método de aprobación de nuevos desarrollos urbanos

El gobernador Maximiliano Pullaro planea meter mano en el proceso de obtención de factibilidades para nuevos desarrollos urbanos. Su Gabinete Productivo, encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, trabaja en un nuevo sistema que unifique todos los trámites que los desarrolladores tienen que llevar adelante para aprobar un barrio.

La novedad se conoció luego de la paralización de las obras en dos barrios cerrados de la ciudad, Estancia Damfield y La Reserva, por estar construyéndose dentro del área de protección de la represa del Arroyo Ludueña sin tener la necesaria evaluación de impacto ambiental aprobada. Mientras La Reserva no tenía el trámite iniciado, Damfield había obtenido aprobaciones parciales -que no implicaban autorización para iniciar las obras- que, según el gobierno provincial, fueron otorgadas ilegalmente por la gestión de Omar Perotti.

Para obtener la autorización, un desarrollador debe obtener la factibilidad hídrica -dividida en tres etapas-, presentar una evaluación de impacto ambiental y, además, obtener la factibilidad que otorgan los prestadores de servicios públicos como luz, agua potable y gas natural. La propuesta que pulen en el Gabinete Productivo contempla la creación de una “ventanilla única” en la que los desarrolladores presenten su solicitud y se tramite de manera coordinada, evitando que tengan que ir deambulando por las distintas oficinas involucradas tramitando cada aprobación por separado.

Con esta iniciativa, el gobierno provincial busca no solo simplificar el trámite y facilitarle el trabajo a los desarrolladores, sino también obtener un mejor control de los expedientes y lo que sucede en la realidad, para evitar casos en los que se comiencen los trabajos de movimiento de suelo o la comercialización de los lotes sin que existe el ok del estado. 

Además, también hay un objetivo temporal: en el Gabinete Provincial saben que los trámites suelen durar meses o incluso años, por lo que se propusieron bajar esos tiempos y que los expedientes tengan dictamen en 90 días como máximo. “Si no, las inversiones se van a otro lado”, explicaron.

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