Miércoles, 15 de Octubre 2025
Plusvalías en Funes: por qué el exitoso mecanismo se desnaturalizó y empezó a frenar inversiones medianas
El aumento de un índice del Colegio de Arquitectos complicó los cálculos y aumentó fuerte los montos. Cómo hace la Muni para esquivar el problema.
Un tema que empezó a resonar con fuerza en el sector privado de Funes es el de las plusvalías. El monto que por ordenanza se está exigiendo a nuevos desarrollos inmobiliarios sufrió un fuerte aumento en los últimos meses, lo que desnaturalizó el mecanismo y lo transformó en un obstáculo para nuevas inversiones en la ciudad.
Lo que desnudó el fenómeno fue el desarrollo que salió a la luz motorizado por el expresidente de Newell’s -y virtual candidato a volver a serlo- Cristian D’Amico. Lo que se supo fue a partir de un expediente que ingresó al Concejo enviado por el Ejecutivo en el que se solicitaba autorización para acordar un monto de plusvalía menor al que corresponde de acuerdo a la fórmula establecida en la Ordenanza de Mejor Aprovechamiento Urbanístico. Según el mecanismo legal, D’Amico debería pagar $348.5 millones -unos US$250 mil- pero en el documento figura un acuerdo por $25 millones -US$17.500-.
Los montos de plusvalía sufrieron un aumento desproporcionado y empezaron a tornar antieconómicos muchos proyectos, especialmente los de tamaño mediano tipo condominio. La razón: la plusvalía en esos casos se calcula con una fórmula que tiene en cuenta el valor del metro cuadrado construido del Colegio de Arquitectos de Rosario, un índice que sufrió un fuerte aumento en los últimos meses.
Hoy, ese número ronda los $920 mil. Es proporcionalmente bastante más que hace algunos años, pero no llega a representar el verdadero valor de construcción en la práctica. Como sea, el aumento alcanzó para encarecer al punto de frenar varias inversiones. De hecho, la mayoría de los concejales coincidía en que el número que debería abonar D’Amico es altísimo.
La forma que encontró la Municipalidad para sortear este problema es la de sellar acuerdos con los inversores y validarlos por el Concejo. Es una solución que tiene sus riesgos en virtud de su discrecionalidad, ya que puede construir un escenario de inseguridad jurídica y distintas reglas para cada desarrollo. Lo que se impone, reconocen algunas actores, es revisar la normativa vigente y modificarla para destrabar más de una inversión.
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