Otorgan a desarrollo de Funes una prórroga de un año para que finalice obras
Es La Finca II, que fue aprobado en 2022 y tenía un año para completar una serie de demandas. No finalizó y el Concejo le dio una extensión.
Los nuevos y aumentados montos de la Tasa de Servicios Especiales de Inmuebles (TSEI) pueden hacer soñar al Municipio con nuevos desarrollos inmobiliarios que le representen mayores ingresos extraordinarios, pero lo cierto es que aún no terminó de cobrar los que ya fueron aprobados. El Concejo tuvo que aprobar una prórroga de un año en el plazo para abonar la plusvalía a los desarrolladores de La Finca II, el emprendimiento de 60 hectáreas que se construye en General Lopez y Vélez Sarsfield.
Aunque el desembolso que debían hacer los empresarios fue cotizado en US$1.3 millones, el Ejecutivo solicitó al Concejo que no se haga al contado, sino que se pague en obras, material y mobiliario urbano. Las pavimentaciones de Guayacán desde Avenida Illia a Ruta 9, de la calle sin nombre -ubicada entre los barrios cerrados Aguadas y San Sebastián- desde Yrigoyen hasta Jujuy, de Galindo entre Vélez Sarsfield y San José, y de Esteban de Luca entre Vélez Sarsfield y Rondeau estuvieron entre las obras que el Ejecutivo acordó en su momento con quienes construyen La Finca II.
No fue lo único: también se les pidió la instalación de dos sistemas de comunicación sobre Illia, en las intersecciones con A. J. Paz y San Nicolás; ochenta cámaras de seguridad; dos mil lámparas de alumbrado público; hormigón para el plan de veredas; treinta bancos de plaza; veinte cestos de basura para la vía pública; y hasta un semáforo para la esquina de San Nicolás e Illia, entre otras cosas. Aunque los desarrolladores no cumplieron aún con todo lo exigido, no les falta mucho. De las pavimentaciones, por ejemplo, solo falta la de Galindo y ya se está trabajando.
Sin embargo, la prefactibilidad fue otorgada el 19 de julio de 2022 y se les dio un plazo de un año para cumplir con sus obligaciones, que venció el 18 julio de 2023 y nunca se pidió una prórroga hasta esta semana, que el Concejo otorgó un año más. ¿Cuál fue el motivo? Los desarrolladores necesitan tener todos los papeles en regla para completar la evaluación de impacto ambiental que tramita en el gobierno provincial y que, al parecer, está próxima a salir aprobada.
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