La plusvalía que rige en Funes, una de las opciones que analiza la provincia para destrabar loteos frenados

El gobierno de Santa Fe analiza redactar un proyecto de ley con un mecanismo similar a la plusvalía de Funes para sacar del limbo a unos catorce desarrollos inmobiliarios paralizados por objeciones hídricas en toda la provincia, la mayoría ubicados en la cuenca del Arroyo Ludueña. La idea no significa habilitar los catorce loteos, sino conformar un marco normativo claro que permita darles la certeza final de si pueden o no avanzar. En la nómina figuran dos iniciativas ubicadas en Funes: Damfield y Funes Lakes.

Los catorce proyectos, que iniciaron sus trámites durante el gobierno de Omar Perotti, se inscriben en la denominada Zona Hídrica 2, un área donde la impermeabilización del suelo solo se permite con la realización obligatoria de obras de mitigación. Los desarrolladores en esta situación se han quejado de que sus expedientes están paralizados independientemente de las obras que propusieron para subsanar los riesgos. Una de las opciones en estudio es la eliminación de esta zona, lo que reduciría la discrecionalidad técnica del funcionariado y forzaría la reclasificación de los terrenos como urbanizables o no urbanizables de forma directa.

Ahora, trascendió también que la idea incluye la intención de replicar un mecanismo similar a la plusvalía que ya rige con éxito en Funes. Se trata de una fórmula de cálculo que, ante cada solicitud de aprobación de un proyecto, obligaría al desarrollador a aportar una suma de dinero predefinida. Este fondo sería destinado a costear obras públicas necesarias, en su mayoría hídricas, específicas para cada caso.

La propuesta central es que los desarrolladores que se sumen al nuevo sistema se hagan cargo del costo total de las obras hídricas que son indispensables para que la construcción en sus terrenos no genere riesgos para terceros. “Esas obras, hoy por hoy, no son prioritarias para el estado. O las hacen ellos o esperan que sean prioritarias”, explicó una fuente gubernamental consultada.

Este enfoque busca que las inversiones de mitigación sean asumidas por el sector privado, deslindando la obligación inmediata de fondos públicos. No obstante, las mismas fuentes advirtieron que no todos los casos en discusión podrán avanzar: “Hay algunos que son insalvables”, reconocieron desde el entorno del gobernador. De esta forma, la nueva ley provincial intentará brindar certeza legal, al mismo tiempo que obliga a compensar el impacto territorial con una inversión directa en infraestructura.

En la lista de desarrollos bajo análisis se encuentran dos de la ciudad: Damfield y Funes Lakes. Fuentes del gobierno provincial indicaron que el caso de Funes Lakes es considerado "leve y solucionable".

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