Impuestos, servicios y más: de qué se trata el pedido que comerciantes de Funes le hicieron al gobierno

En el marco del debate por la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, los comerciantes y empresarios de Funes nucleados en la Asociación Empresaria de Funes (AEF) hicieron pública su participación en un documento conjunto con otras entidades productivas, donde expresaron propuestas concretas para que la nueva Carta Magna promueva un marco institucional más sólido, transparente y orientado al desarrollo económico y social.

El documento subraya la necesidad de establecer criterios generales en materia tributaria dentro de la Constitución, como la responsabilidad fiscal, legalidad, equidad, no confiscatoriedad e irretroactividad. Las entidades advierten que términos como “sostenibilidad” podrían interpretarse de forma ambigua si no se los enmarca correctamente. También insisten en que todo nuevo gasto público debe contemplar su fuente de financiamiento e incluir un análisis de su impacto en los precios al consumidor.

"Uno de los ejes centrales del reclamo es la necesidad de asegurar el derecho a la información pública y a la transparencia activa en todos los niveles del Estado. Las instituciones empresariales proponemos que el acceso a datos de infraestructura, desempeño económico y planificación estatal sea claro y eficiente, y que los consumidores estén informados sobre los tributos incluidos en los precios de los bienes y servicios", explicó en diálogo con InfoFunes, Germán Nocera, titular de la AEF.

En relación a los derechos laborales, remarcó que si bien el proyecto reconoce el trabajo decente y protege a los trabajadores, omite considerar a las empresas como actores clave en la creación de empleo genuino. En esa línea, solicitaron que se reconozca constitucionalmente el rol del empresario y se equilibren las protecciones laborales con la necesidad de preservar el empleo y facilitar la gestión de recursos humanos.

Otro punto de preocupación es el tamaño del Estado. Los comerciantes funenses observan con inquietud propuestas que podrían expandir la estructura estatal sin asegurar eficiencia, como la creación de un nuevo Ministerio de Articulación. En cambio, proponen fortalecer la coordinación existente entre niveles de gobierno y promover la autosustentabilidad de sistemas como la Caja de Jubilaciones provincial.

En cuanto a la autonomía municipal, el sector productivo exige que se definan claramente los límites en materia tributaria y regulatoria, evitando la superposición de impuestos con niveles provinciales o nacionales. Además, se pide que los municipios no puedan legislar sobre tecnologías productivas ya aprobadas por organismos nacionales.

Respecto a los servicios públicos, las propuestas apuntan a garantizar calidad, acceso y libertad de elección para los usuarios, así como la posibilidad de concesión o privatización bajo estrictos mecanismos de control. También se incluyen propuestas para fortalecer la independencia judicial, evitando la designación directa de jueces por el Ejecutivo, y otorgando autonomía al Ministerio Público de la Acusación.

Finalmente, las instituciones empresariales proponen incorporar la sostenibilidad como principio rector, equilibrando sus dimensiones ambiental, económica y social, y reclaman que se reconozcan en la Constitución los temas de seguridad territorial y ciberseguridad como responsabilidades indelegables del Estado provincial. "Desde Funes, la participación activa del sector comercial en este proceso es una oportunidad para consolidar reglas claras, previsibilidad institucional y condiciones para un desarrollo sustentable y sobre todo, un Estado moderno y eficiente", concluyó Nocera.

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