¿Bajar la edad de imputabilidad? Un análisis de sus posibles efectos en Santa Fe

En el marco del avance de la ley que pretende bajar la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Rosúa, presentó un proyecto para que la Legislatura de la provincia de Santa Fe sea sede de una jornada de debate.

La iniciativa busca convocar a especialistas, académicos, operadores del sistema de justicia, representantes de organizaciones sociales y funcionarios públicos. “Queremos generar un espacio de reflexión y debate en torno a la posible modificación del régimen penal de menores y evaluar la baja de la edad de imputabilidad, considerando especialmente sus potenciales consecuencias e implicancias en el contexto de la provincia de Santa Fe. El debate sobre la edad de responsabilidad penal de los menores de edad es un tema de relevancia social y jurídica que requiere un análisis profundo”, explico Rosúa.

Los menores y el delito

Ante la problemática del uso sistemático de menores por parte de adultos para la comisión de delitos en la provincia de Santa Fe, especialmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe, Rosúa presentó un Proyecto de Comunicación para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Ministerio Público de la Acusación, brinden información detallada sobre la situación en los últimos diez años, incluyendo estadísticas de causas, la aplicación de protocolos específicos y la evolución de la participación de menores en hechos delictivos.

El proyecto de Rosúa resalta la urgencia de atender esta problemática que afecta directamente la seguridad ciudadana. “La utilización de menores con fines delictivos requiere una acción legislativa en dos niveles. En primer lugar, a través del pedido de informes para conocer el abordaje actual de las autoridades competentes. En segundo lugar, impulsando reformas legislativas a nivel nacional que contemplen una figura penal específica para quienes corrompen o utilizan menores con fines delictivos, con penas significativamente agravadas. Esta propuesta busca llenar un vacío legal y ofrecer a la Justicia herramientas adecuadas para castigar severamente estas conductas”, describió el legislador.

Para Rosúa, esta iniciativa se alinea con propuestas a nivel nacional y busca enviar un mensaje claro de que la sociedad no tolerará el uso de niños y adolescentes como instrumentos para delinquir. El legislador insiste en que cualquier discusión sobre responsabilidad penal juvenil debe ser precedida por una firme condena hacia los adultos que delinquen valiéndose de menores, buscando así una política criminal coherente y eficaz que proteja a los jóvenes y recupere la confianza ciudadana.

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