Boletas impagables y situaciones de violencia en el ranking de denuncias

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Desde la delegación funense de la Defensoría del Pueblo advierten que son cada vez más. Le siguen de cerca los conflictos vecinales.

 

El ranking de las denuncias que llegan a la delegación local de Defensoría del Pueblo pinta un panorama que habla de un clima social candente: Boletas con tarifas exorbitantes en servicios básicos como luz, agua y gas; situaciones de violencia de género o hacia niños, niñas y adolescentes; y una serie de conflictos vecinales interpersonales. “Hay dramas sociales muy complicados”, afirman.

 

La Defensoría funciona en el edificio municipal ubicado en Tomás de la Torre al 1700, a metros del cuartel de bomberos. Ahí, todas las mañanas el abogado José Luis Alonso y la psicóloga Celeste Cánepa reciben, orientan y acompañan diversos reclamos que los vecinos acercan. Su potestad es encauzar un trámite legal y administrativamente.

 

Las consultas sobre servicios con montos exorbitantes llegan “todo el tiempo”. El abogado, que tiene años trabajando en la delegación, cuenta cómo fue cambiando el componente del reclamo: “El aumento de quejas o consultas ya no es tanto por la mala prestación del servicio, a pesar de que existe una mala prestación, sino por la imposibilidad de pago. Es dramático. Viene acá gente, jubilados sobre todo, dueños de su propiedad, que cobran la mínima y no pueden pagar”.

 

“De diez personas que vienen con temas de prestadoras de servicios, seis vienen porque no pueden pagar”, afirma Celeste y menciona además de los servicios públicos, muchos casos en el ámbito privado, con tarjetas de crédito. “Además del asesoramiento se da una contención social, ni la ley ni la prestadora contempla más allá de un tarifario social, por lo que podemos explicar cómo se gestiona. Pero aun así hay gente que la tiene pedida, tiene un plan de pago y sin embargo no puede pagar. Es literal, todo el tiempo”, asegura y remarca que “lamentablemente los servicios los pueden cortar, por lo que hay que hacer el reclamo, dejar asentado pero no esperar, el usuario tiene que agotar todas las instancias”.

 

En otra época, los reclamos eran encabezados por fallas o malas prestaciones de servicios como telefonía celular o cortes de luz. “Ahora ya la gente ni se queja. Ahora el problema es social, que repercute en las tarifas y en situaciones de violencia”, enumeran.

 

Los profesionales aclaran: “Ante un reclamo explicamos qué puede hacer frente a esa queja: ese asesoramiento administrativo y jurídico es función específica de la Defensoría del Pueblo. Lo que no tenemos es incumbencia con temáticas municipales, ya que no podemos ser órgano de control local”. Si bien muchos reclamos respecto a prestación de servicios públicos de la órbita municipal “con esta gestión no hay facilidad” de encauzar, si existen varias áreas con las que se trabaja de manera coordinada, como el área de Acción Social o el Centro de Mediación, tópicos que reciben frecuentemente.

 

“Si bien tenemos un centro de Asistencia a la Víctima, otra defensoría del niño, niña y adolescente, por una cuestión geográfica y de proximidad si se puede dar solución aquí en la Municipalidad se toma contacto. Lo que se hace es hacer el acompañamiento, poner en contacto con los equipos locales, e informar al centro de asistencia en Rosario porque son ellos los que después supervisan”, destaca Cánepa.

 

La Defensoría es entonces algo así como una brújula que indica por dónde arrancar a hacer un trámite cuando se vulneran derechos. Un órgano de asesoramiento y control por definición y un termómetro social de la realidad funense.

 

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