Una disputa por el desembarco de un colegio privado encendió la polémica en un tranquilo barrio de Funes

La calma habitual de un tranquilo barrio residencial de Funes empezó a resquebrajarse en los últimos días con la posible instalación de un colegio Montessori sobre calle Santa Fe, entre Almafuerte y Lugones. La iniciativa encendió el malestar vecinal, motivó reclamos formales ante el Concejo y volvió a poner en el centro de la escena un debate recurrente en la ciudad: qué se puede y qué no en las zonas residenciales y cómo se controlan las habilitaciones.

El lugar en cuestión, identificado como Montessori Infantium, proyectaba funcionar en una propiedad que hasta hace poco estaba en alquiler, según señalaron frentistas. Además, los vecinos advirtieron que la vivienda ya había sido escenario de robos e intrusiones, debido a su estado y a la falta de controles, lo que incrementó la preocupación por la seguridad.

Desde el barrio remarcan que el conflicto no es con la escuela en sí, sino con el impacto urbano que podría generar. “Nos cambia completamente el movimiento del barrio. No sabemos si está habilitada. Termina siendo una zona con tránsito constante, autos, padres, docentes, cuando no es el fin del barrio”, explicaron. El reclamo llegó al Concejo Municipal de Funes, donde se solicitó información concreta sobre si el establecimiento cuenta con autorización del Ejecutivo local y si el Código Urbano permite este tipo de actividades en una zona residencial. 

Según comentaron, el intendente y algunos de sus funcionarios fueron tajantes al referirse al caso: aseguraron que “no es zona comercial” y que el emprendimiento no cuenta con habilitación municipal, reforzando la postura de que ese sector de la ciudad debe preservar su perfil residencial. De todos modos, aclararon que la definición final depende del Concejo, aunque puertas adentro del Ejecutivo no creen que el proyecto vaya a avanzar en ese punto de la ciudad.

La discusión volvió a poner sobre la mesa un debate de fondo en Funes: el avance de actividades educativas, comerciales o de servicios en barrios pensados originalmente para viviendas, y la necesidad de actualizar criterios de planificación urbana para evitar conflictos entre vecinos, desarrolladores y el Estado. Mientras tanto, el reclamo sigue abierto y el barrio permanece en alerta, a la espera de definiciones oficiales que aclaren si la escuela podrá o no funcionar en ese punto de la ciudad.

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