Sábado, 16 de Noviembre 2024
Un proyecto de ley que busca profesionalizar la tarea de los corredores inmobiliarios
El documento indica que “la regulación es esencial para asegurar la profesionalización de la actividad y la protección de los derechos de los consumidores”.
Un diputado nacional por la provincia de Santa Fe presentó un proyecto de ley que “busca modificar el artículo 1346 del Código Civil y Comercial de la Nación, en un contexto donde la regulación del corretaje inmobiliario es esencial para asegurar la profesionalización de la actividad y la protección de los derechos de los consumidores”.
Roberto Mirabella expresó que “el corretaje inmobiliario desde hace más de 40 años, dejó de ser una actividad mercantilista para elevarse a la condición de profesión independiente, que requiere para su ejercicio, un título académico universitario y la habilitación de su ejercicio, mediante una matrícula profesional que es otorgada por los Colegios Profesionales Jurisdiccionales, que desarrollan un estricto control ético y profesional”.
“Sin embargo -aclara el legislador que representa los derechos de los santafesinos ante la Nación- la creciente proliferación de prácticas ilegales en el sector inmobiliario resalta la necesidad urgente de fortalecer el marco normativo, contribuyendo a la simplificación tributaria y eficiencia del Estado”.
En virtud de ello, Mirabella decidió poner en consideración de sus pares esta iniciativa, surgida de una profunda labor conjunta con el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Rosario (Cocir, @cocir.rosario), quienes le acercaron esta problemática clave para apuntalar una profesión indispensable y estratégica y que, en la opinión del diputado santafesino “desde nuestro rol de legisladores nacionales podemos contribuir a resolver”.
En la convicción de estar participando de la construcción de un marco normativo que proteja a los profesionales habilitados y a la sociedad en su conjunto, Mirabella consideró que “la regulación efectiva del corretaje inmobiliario es fundamental para garantizar un ejercicio responsable de la profesión, contribuir a la transparencia del mercado y fomentar la confianza de los ciudadanos en los servicios inmobiliarios”.
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