Transparencia fiscal, ¿pueden los consumidores santafesinos gozar también este beneficio?

Tras la puesta en vigencia por parte del Gobierno nacional, los tributaristas sostienen que la adhesión de la provincia de Santa Fe al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor es un paso fundamental para garantizar derechos básicos de los ciudadanos, como el acceso a información veraz y la educación para el consumo. Este régimen, sancionado a nivel nacional mediante la Ley 27.743 y reglamentado por la RG 5614 del ARCA, establece que los vendedores deben detallar los impuestos que gravan los productos, visibilizando la carga fiscal en todos los niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.

“Uno de los pilares de la adhesión de las provincias al régimen es el cumplimiento del artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza a los consumidores el derecho a recibir información adecuada y veraz”, indicó en diálogo con InfoFunes Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, que brega por la transparencia fiscal. Asimismo, afirmó que actualmente los ciudadanos desconocen qué proporción del precio de los bienes y servicios que adquieren corresponde a impuestos. “Esto genera opacidad y limita la capacidad de los consumidores para tomar decisiones informadas”, apuntó.

Imaginemos esta contradicción: el etiquetado de alimentos exige detallar hasta el porcentaje más ínfimo de sodio o azúcar, pero no se informa al consumidor que hasta el 50% del precio de un producto puede estar compuesto por impuestos. Con la implementación del Régimen de Transparencia Fiscal, se pondría fin a este ocultamiento, haciendo visible el impacto del IVA, ingresos brutos y tasas municipales en cada compra. Esta información no solo mejora la transparencia, sino que refuerza la confianza de los ciudadanos en el sistema tributario.

“Otro punto clave que establece el artículo 42 de la Constitución es el deber de las autoridades de proveer educación para el consumo”, detalló el especialista y añadió: “La falta de transparencia fiscal provocó un desconocimiento generalizado sobre cómo los impuestos afectan la economía personal y colectiva”. En un contexto de alta inflación y presión tributaria, resulta imperativo que los consumidores comprendan el impacto real de la carga impositiva en sus decisiones de compra.

En cuanto a la implementación del régimen en Santa Fe, Olivero Vila sostuvo que permitiría revertir décadas de desconocimiento fiscal, promoviendo una cultura ciudadana más informada y crítica. Este cambio cultural no solo beneficiaría a los consumidores, sino que también impulsaría un debate más informado sobre la administración de los recursos públicos y el destino de los impuestos.

No se afecta la potestad fiscal de las provincias

Uno de los argumentos más comunes para justificar la no adhesión de las provincias al régimen es la supuesta afectación de su autonomía fiscal. Sin embargo, esta preocupación carece de sustento. Según el experto, el Régimen de Transparencia Fiscal no crea ni elimina impuestos, ni implica renunciar a recursos provinciales o municipales. Simplemente se limita a informar a los consumidores sobre los impuestos existentes.

De hecho, en otras jurisdicciones como Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, ya se están llevando a cabo reuniones para avanzar en la adhesión al régimen. La homogeneidad de la información fiscal en todo el país es fundamental para evitar desigualdades entre provincias y garantizar que todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan, puedan acceder a la misma calidad de información.

“La decisión de adherirse al régimen no debería ser vista como una invitación opcional, sino como una obligación basada en los mandatos constitucionales de garantizar información adecuada y educación para el consumo”, apuntó el referente de Lógica. Aclaró además que no se trata de un capricho político, sino de una respuesta a la demanda ciudadana: según encuestas recientes, el 94% de los argentinos quiere ver los impuestos desglosados en los tickets de compra.

Por último, señaló que en un año electoral, adherirse al Régimen de Transparencia Fiscal puede ser un gesto político que sume credibilidad y apoyo por parte de los votantes. La negativa, en cambio, podría interpretarse como una falta de compromiso con los derechos de los ciudadanos.

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