Provincia intervino la Unidad Regional II: “No vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares"

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo y José Luis Caterina, brindaron detalles de los allanamientos llevados adelante este lunes, en el marco de una investigación de la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional y de la Subsecretaría de Control Policial por malversación de caudales públicos en el área de combustible de la Unidad Regional II (URII) de la Policía de Santa Fe.

Según se detalló, durante casi un año el Ministerio de Seguridad adoptó medidas internas, como directivas y protocolos, para mejorar los controles sobre el consumo de combustible. No obstante, se habrían detectado incumplimientos que, con el aumento de la flota policial en calle, derivaron en un mayor volumen de las maniobras investigadas.

El ministro anunció que la URII está siendo intervenida y que Claudio Romano, director general retirado reincorporado al servicio activo, fue designado como interventor por un período inicial de tres meses, con posibilidad de prórroga. Asimismo, se ordenó una auditoría integral de gestión logística y administrativa, con foco en el área de movilidad y los mecanismos de control de carga de combustible. El jefe de la Unidad Regional fue desplazado y quedó a disposición del jefe de Policía para la evaluación de su continuidad. Otros jefes y agentes también fueron puestos a disponibilidad.

El fiscal Matías Merlo precisó que se realizaron 38 allanamientos, algunos aún en curso, y que se detuvo a 17 personas: 13 policías y 4 civiles. Las maniobras habrían generado un perjuicio económico al Estado mediante apropiación indebida de fondos destinados a combustible. La investigación reveló la existencia de una organización interna que habría utilizado su posición para desviar recursos públicos.

La fiscal Paola Caterina, a cargo de la causa, señaló que la investigación comenzó a partir de una denuncia anónima y que se estima un desvío de caudales públicos de unos 45 millones de pesos, sobre un presupuesto mensual de aproximadamente 380 millones destinado a la URII para combustible. También se encuentran involucrados propietarios de una estación de servicio. En allanamientos realizados en domicilios particulares se secuestraron alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de los choferes de los móviles policiales.

En la conferencia también estuvieron presentes la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, y el subsecretario de Control Policial, Lucas Covacich.

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