El autoritarismo light, sobre el proyecto de prohibición de barrios cerrados

Por lo general, cuando hablamos de autoritarismo, rápidamente pensamos en algunos ejemplos históricos de regímenes totalitarios que han mantenido subyugada a su población mediante el uso de la fuerza y el miedo, violando sistemáticamente hasta los elementales derechos humanos. Por suerte estos casos, al menos en occidente, parecen estar en retirada.

Sin embargo, quedan todavía elementos autoritarios que subsisten en nuestra cultura. Esto se ve cuando los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, afectan la libertad de las personas aludiendo a esa entidad abstracta llamada “bien común”. Las costumbres paternalistas están tan enquistadas en nuestra sociedad que muchas veces caemos en el abuso, incluso con buenas intenciones. Es el autoritarismo light.

Pienso que es el caso del proyecto que apunta a prohibir el desarrollo de barrios privados en la ciudad de Funes. Seguramente los mentores del proyecto lo llevan adelante creyendo con honestidad que están actuando correctamente. Sin embargo, creo que están equivocados.

Los habitantes de una comunidad tienen proyectos y metas muy diversas, y los gobernantes deben permitir y proteger la búsqueda de estos objetivos particulares, siempre y cuando no se lesionen derechos de otros. En concreto, los ciudadanos tienen derecho a vivir donde quieran y como quieran, mientras no perjudiquen a sus vecinos. Y sinceramente, no veo qué perjuicio genera un grupo de personas que decide vivir en un barrio cerrado.

Se alega que todo derecho es regulable, lo cual es cierto. Pero tiene que haber una razón concreta y de una importancia mayor al derecho que se regula. Y no he escuchado ni una sola justificación de valor para regular la libertad de elección de los ciudadanos a vivir en un country.

He leído algunos conceptos que apuntan a las diferencias sociales, tales como “efectos de segmentación territorial” o  “áreas espaciales diferenciales que (...) presentan fuertes contrastes con el proceso global de ordenamiento urbano”, como si ocultar las diferencias fuese un camino válido para combatirlas.

Uno de los motivos mas citados y a mi entender, el mas endeble, es el de la “ruptura de la trama urbana”. No permitir que los ciudadanos vivan dónde y cómo quieran, por el solo hecho de tener un plano de calles “parejo” es un pensamiento que se acerca peligrosamente a la estupidez.

Se suele también aludir a la legitimidad del proyecto por la facultad que otorgan las leyes a los legisladores para regular las estructuras urbanas. Aquí se está usando el supuesto erróneo de que, lo que es legal es correcto. Los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política, y toda norma que viole esos derechos se hace ilegítima. No creo que sea necesario citar ejemplos de leyes injustas o éticamente reprobables. La ley les otorga a los funcionarios municipales cierta autoridad para cumplir con su labor, pero ésta nunca debe deteriorar la libertad de elección de los ciudadanos. 

Hay otra razón que refuerza mi rechazo a la norma. Los barrios cerrados son una consecuencia del fracaso del estado, y esto no se soluciona prohibiéndolos. Esto es simplemente ocultar el fracaso, esconder la ineficiencia estatal en vez de combatirla. Es ensuciar la vereda del vecino para que se note menos la mugre de la mía.

Los habitantes de los barrios cerrados pagan un costo extra por vivir en ellos y tener servicios que el estado no les brinda. Yo les sugiero a nuestros funcionarios, que si quieren erradicarlos, prueben dando servicios que compitan en calidad con los de los barrios privados. Si logran esto, les aseguro que nadie va a querer vivir en un country y pagar sus onerosas expensas. La comunidad toda les estaría agradecida.

Los funcionarios públicos tienen una tendencia natural a la sobreregulación. Las reglamentaciones son lo que da sentido a su función, lo que justifica su existencia. Y los ciudadanos debemos controlar esta costumbre, ya que cada nueva regulación es un límite mas a nuestra posibilidad de elegir. 

Tenemos que tener claro que reservarse el derecho a interpretar las implicancias del bien común, es un acto de arrogancia. Estar atentos y desconfiar de los argumentos abstractos o las palabras mágicamente engalanadas por la indulgencia del apelativo “social”. Porque cuando la bota del gobierno pisotea tu libertad, el que sea una bota izquierda o derecha, es irrelevante.